Vinculan a proceso al alcalde de Tula

Tras la audiencia de este 19 de agosto, Manuel Hernandez Badillo presidente municipal de Tula de Allende fue vinculado a proceso por uso ilícito de facultades y atribuciones, agravado

Tras la audiencia de este 19 de agosto, Manuel Hernandez Badillo presidente municipal de Tula de Allende fue vinculado a proceso por uso ilícito de facultades y atribuciones, agravado

 

Agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad Especial obtuvo la vinculación a proceso de Manuel Hernández Badillo por uso ilícito de facultades y atribuciones, agravado, en agravio de la administración pública del ayuntamiento de Tula de Allende.

Las indagatorias transcurren tras la denuncia por haber autorizado en 2021, a nombre de la Presidencia Municipal, la adjudicación directa ilícita de por lo menos tres contratos por un monto superior a los 60 millones de pesos.

Los contratos en mención se firmaron con el fin de adquirir servicios y equipo médico, paquetes alimentarios, servicios de mantenimiento y limpieza de fumigación domiciliaria para evitar la proliferación de la larva mosco culex, así como por el control mecánico del lirio acuático, lo anterior para atender las consecuencias de la inundación que sufrió el municipio.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) con base en lo anterior, reunió los datos de prueba contra Hernández Badillo, y solicitó la orden de aprehensión, misma que fue otorgada por la autoridad judicial y posteriormente ejecutada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, el lunes 14 de agosto.

El alcalde fue puesto a disposición de un juez de control; en la audiencia inicial, se le formuló imputación por hechos que la ley sanciona como uso ilícito de facultades y atribuciones, agravado, sin embargo, el imputado se acogió a la duplicidad del término constitucional de 144 horas, para que se resolviera su situación legal.

El juez de control dictó el auto de vinculación a proceso al alcalde durante la audiencia del sábado e impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada y estableció un periodo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.