Valor artesanal y propiedad colectiva

México cuenta con una ley que permite a los pueblos indígenas proteger su patrimonio cultural

16 de noviembre de 2022.- A lo largo de los años, personas ajenas a la comunidad han sustraído elementos de las culturas indígenas, afromexicanas y comunitarias como textiles, ceremonias, ceremonias, cerámica, artesanías. Por ejemplo, Carolina Herrera, Isabel Marant, Rapsodia, Zara, Michael Kors y otras marcas, bajo el pretexto de celebrar la «cultura tradicional», plagiaron o imitaron patrones locales y los incorporaron a su línea de ropa.

Para las sociedades, el plagio daña su patrimonio cultural: en primer lugar, porque estos elementos son parte de su identidad, representan cultura, tradición, cosmovisión y sentido de pertenencia. Segundo, porque las empresas que explotan su riqueza les impiden compartir los beneficios económicos que reciben, negándoles la oportunidad de obtener un ingreso razonable.

Una de las características fundamentales de estos bienes es su carácter colectivo, lo que complica su comprensión jurídica desde el punto de vista de los derechos de autor y la propiedad intelectual. La tradición jurídica mexicana establece que el patrimonio cultural puede ser utilizado libremente sin el consentimiento de las personas y comunidades.

En este contexto, el 20 de noviembre de 2018, junto con Ricardo Monreal, presenté al Senado un proyecto de ley que tiene como objetivo reconocer y proteger los derechos de propiedad del patrimonio cultural colectivo de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y así prevenir el plagio y Uso no autorizado.

El 17 de enero de 2022 finalmente se publicó en el Diario Oficial de la Federación una ley que permite a las naciones y comunidades definir, conservar, proteger, controlar y desarrollar su patrimonio cultural elemental mediante el ejercicio de su derecho a la libre determinación y al autogobierno.

La Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas establece disposiciones para que el Estado reconozca, en favor de los pueblos y comunidades, el derecho a la propiedad colectiva sobre los elementos de su patrimonio cultural, así como a las manifestaciones asociadas, que les fueron transmitidos por las generaciones previas.

Así, las ciudades y comunidades podrán negociar con terceros los beneficios que la comunidad desee a cambio del uso de sus elementos, que podrán incluir pagos económicos en especie por servicio público u otros a solicitud.

De acuerdo con las especificaciones y reglamentos, la comunidad puede crear su propia lista de elementos de acuerdo con su propia forma de organización e inspección. La lista está registrada en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas con la ayuda del Ministerio de Cultura y ayuda a las autoridades federales y locales a proteger el uso del patrimonio cultural. Las personas y las comunidades pueden continuar usando y comercializando elementos de su cultura sin pedir permiso a ninguna autoridad. La ley también protege el patrimonio contra una posible transferencia: nadie puede apropiarse personalmente de los elementos culturales de una nación o sociedad.

La titular de protección de la naturaleza es una institución permanente cuya misión es velar por el cumplimiento del objeto de la ley. El comité intersecretarial incluye cultura, educación estatal, finanzas, relaciones exteriores, economía, turismo, la Secretaría del Inali, la fiscalía general de la República, la CNDH y representantes del pueblo.

Si una comunidad siente que se están utilizando elementos de su cultura sin su permiso, puede realizar todo el proceso de denuncia en Indautor de forma gratuita. El cuerpo reglamentario de la ley impone sanciones a las personas naturales o jurídicas que no pertenezcan a la comunidad ya quienes utilicen el patrimonio cultural de los pueblos y comunidades sin su permiso o consentimiento. El uso y funcionamiento no autorizado por la persona a quien pertenece el inmueble o bienes estará sujeto a sanciones administrativas o penales, que en el marco de esta ley significarán multas y castigos corporales.

Estas sanciones están destinadas a disuadir el uso coercitivo del patrimonio, para que las personas y las comunidades puedan decidir si dan su consentimiento para su uso y las formas en que se puede utilizar, buscar reparación y establecer convenciones, acuerdos o tratados.

Como consumidor, es importante comprar directamente de la comunidad y evitar estafas.