El bloqueo de cuentas realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera ha desencadenado una serie de disputas legales por parte de la UNAM, al considerar que carece de sustento jurídico
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se encuentra en dificultades financieras significativas tras el bloqueo por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de dos cuentas bancarias vinculadas a la Facultad de Medicina; en el contexto de una investigación por presuntas irregularidades asociadas al lavado de dinero.
El pasado 26 de enero, la institución académica reconocida a nivel nacional se vio sorprendida al intentar realizar una operación financiera y encontrarse que sus cuentas estaban bloqueadas.
Este hecho no solo afecta a la institución sino también a Luis Arturo González Nava, secretario administrativo de la facultad de Medicina.
Y es que González Nava, responsable del manejo de un presupuesto de 2 mil 157 millones de pesos asignados a la facultad en 2023 se encuentran en el centro de las presuntas irregularidades.
Las cuentas bloqueadas se encuentran en Banamex, BBVA, Santander y Scotianbank.
La Facultad de Medicina maneja el mayor presupuesto entre todas las unidades académicas, institutos y centros de investigación de la UNAM.
La UIF y la Secretaría de Hacienda tomaron medidas contundentes al incluir a la UNAM en la lista de personas bloqueadas, lo que ha desencadenado una serie de disputas legales.
La UNAM emprendió acciones legales para desbloquear las cuentas. El 19 de febrero presento una demanda de amparo, sin embargo; la solicitud de suspensión provisional para levantar el aseguramiento de las cuentas fue denegada.
La situación se hace más compleja tras la revelación de que la UNAM no fue notificada previamente al congelamiento de las cuentas; lo que representa un argumento legal solido en su defensa.
La Dirección Jurídica de la UNAM interpuso un juicio de amparo contra la UIF, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como el Banco Santander, afirmando que la acción carece de sustento jurídico y potencialmente inconstitucional.
El caso lo tiene en sus manos el juez en materia administrativa de la Ciudad de México Ulises Oswaldo Rivera González quien se encargará de decidir si concede la suspensión solicita para liberar las cuentas.
