El bloque de contención, conformado por PAN, PRI, MC y PRD, anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte
México.- Con 68 votos a favor y 49 en contra, el Senado de la República aprobó, en lo particular, el dictamen que modifica diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, y lo envió al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
En sesión a distancia, la mayoría de la asamblea rechazó las propuestas de modificación, presentadas por senadoras y senadores de Morena, PAN, PRI, PT, Movimiento Ciudadano, PVEM y PRD.
En consecuencia, los artículos 3, 4, 12, 26, 35, 53, 101, 108 y 126 del proyecto de decreto, así como su apartado transitorio, que fueron reservados, quedaron en los términos del dictamen.
El bloque de oposición, conformado por PAN, PRI, MC y PRD, anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, y confió en que los ministros mantendrán sus criterios y echarán abajo esta reforma que establece generar electricidad con combustóleo, lo cual será más contaminante y encarecerá las tarifas.
El líder de Morena en la Cámara alta, Ricardo Monreal, aseguró que la reforma es constitucional porque es congruente con los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna, y consideró que es normal que la oposición advierta que acudirá a los órganos jurisdiccionales, ya que fueron quienes aprobaron la reforma energética de 2013, cuando se aprobaron las reformas del Pacto por México.
La priista Claudia Ruiz Massieu criticó tanto el incumplimiento de la palabra para realizar un parlamento abierto, como la aprobación fast track y sin discusión de esta reforma que viola tratados internacionales.
Según el dictamen, el objetivo es garantizar un sistema tarifario de precios que serán actualizados en razón de la inflación mediante la operación de centrales eléctricas reguladas por el contrato de la CFE.
Busca eliminar la competencia dando prioridad a las centrales de la CFE, ya que se obliga a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a revisar y revocar los permisos del gobierno con la iniciativa privada de energía eléctrica, en los casos en que hayan sido obtenidos mediante fraude.
Otra de las modificaciones es que se establece que el otorgamiento de certificados de energías limpias no dependerá de la propiedad o la fecha de inicio de operaciones comerciales de las centrales eléctricas.
También se elimina la obligación de comprar electricidad por subastas para el suministrador de servicios básicos.
