La Fiscal de la Ciudad de México es señalada de espionaje a políticos destacados de la oposición desde el mandato de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno de la capital del país; existen 12 expedientes judiciales que revelan el hecho
En medio de su intento por ratificarse para un periodo más como Fiscal, Ernestina Godoy enfrenta un escándalo más, tras revelarse el espionaje a políticos desde la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ-CDMX), que encabeza y que gobernó la precandidata de Morena Claudia Sheinbaum.
La Investigación revela que desde la fiscalía, a cargo de Ernestina Godoy, ordenó a Telcel entregar los registros telefónicos, textos y ubicación en tiempo real de más de una decena de funcionarios y políticos, con la justificación de secuestro
Santiago Taboada, aspirante de oposición a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, acusó el jueves a la fiscalía de la capital mexicana de haber presentado una solicitud para tener acceso a sus registros telefónicos y los de otros políticos relevantes, quienes poco a poco salen a manifestar su repudio
La acusación es la más reciente insinuación de que elementos de la fiscalía capitalina han abusado de su poder con fines políticos.
La investigación publicada en primera instancia por The New York Times, involucra a Taboada, quien gobierna la alcaldía Benito Juárez, uno de los distritos de mayor nivel económico de la ciudad. Taboada aspira a contender por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en 2024.
“Ahora más que nunca queda expuesta la persecución política de la que he sido víctima durante meses”, escribió Taboada en sus cuentas de redes sociales.
Según la petición de la Fiscalía de la CDMX a la empresa de telefonía para requerir los datos de Taboada es por su relación con 14 investigaciones por secuestro.
Como parte de una supuesta investigación, elementos de la fiscalía capitalina presuntamente pidieron a la empresa de telefonía celular Telcel que hiciera entrega de los registros telefónicos y de mensajes de texto de Taboada y de más de una decena de políticos, incluidas figuras de la oposición y algunos altos miembros del propio partido del presidente.
La empresa de telefonía reconoció en un documento judicial en posesión del New York Times haber recibido la solicitud de los requerimientos de la fiscalía y haber entregado los registros.
Esto ocurrió desde 2020, durante el mandato de la hoy aspirante presidencial del partido oficial Morena Claudia Sheinbaum.
La oficina de Taboada dijo que las solicitudes de los registros telefónicos se descubrieron en expedientes de la fiscalía.
La fiscalía “desmintió categóricamente” los señalamientos el jueves.
Ulises Lara, portavoz de la fiscalía, dijo este jueves lo que tenía que decir para deslindar a su jefa: “esta institución no hace espionaje a personajes políticos”, pero se refirió o, negó la existencia de los documentos que Taboada asegura se descubrieron en una demanda.
Dijo que las solicitudes “son falsas” y que el caso ha sido referido para investigación a la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, dejando entrever que alguien al interior de la fiscalía o algún otro empleado de gobierno fue quien presentó las solicitudes de registros telefónicos.
Es de destacar que, en México, la fiscalía puede presentar solicitudes urgentes de registros telefónicos en casos de emergencia, pero a la larga debe obtener una orden judicial. Lara aseguró que actualmente no hay casos penales ni investigaciones abiertas en torno a las personas cuyos registros fueron solicitados.
Se trata de un tema delicado sobre todo porque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien siempre se quejó de ser objeto de espionaje gubernamental durante las décadas de 1970 y 1980. Y es que la ciudad es gobernada por el partido Morena del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien prometió ponerle fin al espionaje político en México, pero aparentemente no lo ha hecho.
En abril, aparentemente el gobierno seguía utilizando el spyware Pegasus para intervenir los teléfonos de defensores de los derechos humanos incluso a finales de 2022.
No sería la primera vez que elementos de la fiscalía capitalina aparentemente usan la ley con fines políticos.
En agosto, fiscales capitalinos tomaron una medida inusual y extrema cuando solicitaron que elementos de la Infantería de Marina los acompañaran a otro estado para detener a Uriel Carmona, fiscal general del vecino estado de Morelos, y lo trasladaran de regreso a la Ciudad de México.
Ente los presuntos espiados se encuentran Dolores Higareda alta integrante de la Suprema Corte de Justicia y Ricardo Amezcua de la Judicatura Federal.
Renato Flores Cartas, responsable de comunicación Corporativa del Grupo Carso y América Móvil de Carlos Slim (Telcel) en relación con la información dada a conocer por el New York Times indica n redes sociales que Telcel y todos los operadores están obligados, con base a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, entre otros a proporcionar información a las fiscalías.
Los requerimientos de la Fiscalía aparentemente están dentro de la ley, pero de una forma muy tramposa
