El senador Salomón Jara Cruz propone establecer sanciones para quienes contraten propaganda dirigida a deslegitimar los procesos de consulta popular o revocación de mandato.
Pide a INE investigar campaña de sabotaje impulsada por Claudio X. González.
Ciudad de México.- La iniciativa que reforma la Ley Federal de Consulta Popular, la Ley Federal de Revocación de Mandato y la Ley General en materia de Delitos Electorales busca imponer una multa de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien, a título propio o por cuenta de terceros, contrate propaganda en radio, televisión, redes sociales y/o cualquier otro medio de comunicación que cuyo objetivo sea inhibir y desincentivar la participación ciudadana en estos mecanismos democráticos.
El legislador oaxaqueño resalta en su propuesta que en el ejercicio de la libertad de expresión y de participación política que asiste a todas y todos los mexicanos, cualquier persona puede expresarse a favor o en contra del tema o la materia que se presenta en una consulta popular o de revocación de mandato.
Dijo que un asunto distinto es boicotear y atentar abierta y flagrantemente contra un mandato constitucional, saboteando y buscando inhibir el ejercicio del derecho de las y los mexicanos a participar y votar en procesos democráticos en el sentido que les parezca más conveniente.
Apuntó que, en fecha reciente, los partidos políticos de oposición y empresarios neoliberales agrupados en una organización conservadora, “Sí por México”, publicaron un desplegado en distintos medios de comunicación llamando al pueblo de México a no participar en el proceso de revocación de mandato previsto para el año próximo.
“Con este llamado, la oposición al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pretende sabotear nuevamente un ejercicio democrático e inhibir la garantía del derecho constitucional de las y los ciudadanos a organizarse y ser parte de una democracia popular directa y participativa”, resaltó.
Jara Cruz dijo que esta organización destina una gran cantidad de recursos, cuya procedencia no es clara, para instrumentar una campaña que claramente tiene fines electorales, atenta flagrantemente contra el derecho y la obligación de los ciudadanos de votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional y en procesos de revocación de mandato, tal y como lo establece nuestra Constitución, las leyes reglamentarias en la materia y la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Y añadió que el Instituto Nacional Electoral está obligado a garantizar el desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana previstos en las leyes federales que para tal efecto se emitan, con el fin de que los ciudadanos participen, individual o colectivamente, en las decisiones públicas, y debe investigar la campaña de boicot organizada por la organización Sí por México y por Claudio X. González, así como el origen de los recursos y deslindar aquellas conductas que pudieran ser constitutivas de alguno de los delitos previstos hasta el día de hoy en la Ley General en materia de Delitos Electorales.
