Está orientado a asegurar la atención especializada de los niños, niñas y adolescentes en situación de víctimas en razón de sus particularidades y grado de vulnerabilidad a fin de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos
Pachuca, Hidalgo, 3 de agosto de 2022.- Con el propósito de robustecer el marco de seguridad jurídica, protección y restitución de los derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas del delito, presentaron en el Congreso Local una iniciativa que reforma los artículos 6 y 65 de la ley de Víctimas del Estado de Hidalgo.
La diputada Lisset Marcelino Tovar, precisó que la gravedad de las consecuencias físicas, psicológicas y emocionales que sufren las víctimas de delitos, requieren de una protección especial, asistencia y apoyo apropiados a fin de evitar perjuicios adicionales.
Por ello, refirió, es necesario implementar adecuaciones que refuercen el marco normativo protector de sus derechos.
Mencionó que hay grupos poblacionales con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia, etnia, condición de discapacidad, que obligan a las autoridades a ofrecer garantías especiales y medidas de protección a los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como es el caso de niños, niñas y adolescentes, enfatizando que en todo momento se reconocerá el interés superior del menor.
Todo lo anterior, destacó, está orientado a asegurar la atención especializada de los niños, niñas y adolescentes en situación de víctimas en razón de sus particularidades y grado de vulnerabilidad a fin de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.
Con la reforma propuesta se busca que las víctimas de un delito o de una violación a sus derechos humanos recibirán ayuda inmediata, ayuda, asistencia y atención inmediata y oportuna, para la satisfacción de sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras a partir del momento de la comisión del hecho victimizante o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento del mismo.
También, propone que los apoyos que se otorguen por reparación integral del daño, garanticen servicios educativos, médicos, psicológicos, de programas sociales, de acogimiento residencial o de cualquier otro tipo, que permita el restablecimiento de su independencia física, mental, social y su inclusión y participación en la sociedad; para tal objetivo las autoridades Estatales y Municipales deberán ofrecer las facilidades necesarias, de acuerdo al Registro Estatal de Víctimas.
