Hacer inferencias respecto de una corrupción generalizada entre las y los juzgadores es un acto que atenta contra la independencia judicial, revierten
Ciudad de México, 31 de agosto de 2022.- La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), responde a los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador, vertidos en la conferencia de prensa de ayer martes, donde manifiesta que, en el país, los jueces “no son gente caracterizada por la honestidad” y que no les interesa el pueblo.
Ante tal, la Jufed afirmó que todos los juzgadores tienen como único compromiso “salvaguardar la Constitución y los derechos humanos de todas y todos los mexicanos” y afirman que el Estado de Derecho es el camino que garantiza la viabilidad de “una democracia en la que la ciudadanía pueda ejercer sus libertades”.
En su comunicado de prensa, firmado por Froylán Muñoz Alvarado, director nacional de la Jufed, indicó que la División de Poderes es una demanda de equilibrio plasmada por los mexicanos en la Carta Magna y por ello: “Consideramos que hacer inferencias respecto de una corrupción generalizada entre las y los juzgadores es un acto que atenta contra la independencia judicial”.
Señala que la Jufed ha creado su propio Código Ético de Conducta, en seguimiento al institucional, el cual es asumido como pauta de comportamiento de sus integrantes, a ello se suman los controles disciplinarios institucionales con que cuenta el propio Poder Judicial de la Federación, a través del Consejo de la Judicatura Federal.
Las personas juzgadoras nos debemos a la sociedad, constituimos aproximadamente mil 600 titulares, en su gran mayoría producto de la educación pública; nuestros honorables encargos los obtenemos por concurso de oposición; nos caracteriza la honestidad, imparcialidad y objetividad en nuestra función, sin hacer caso a intereses obscuros o de grupo alguno.
Añade que el Poder Judicial de la Federación posee diversas instancias de revisión, para impugnar cualquier decisión jurisdiccional por las partes interesadas, “sin omitir señalar que nuestras resoluciones son públicas, lo que garantiza transparencia y rendición de cuentas a la sociedad”.
