El legislador rechaza injerencias entre poderes y propone reformas al Poder Judicial y avances en igualdad de género y participación juvenil
El senador Alejandro Armenta anunció su compromiso de abordar la recomendación para evitar que la polémica generada por los mensajes de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, tenga repercusiones adicionales.
Sin embargo, enfatizó que estos mensajes no solo representan una presión hacia su persona, sino también una intromisión e interferencia de un poder en otro, afectando el trabajo que se lleva a cabo en el Senado.
Armenta subrayó que este no fue un acto personal puntual, sino una conducta que no se puede tolerar, ya sea del Poder Judicial hacia el Legislativo o viceversa.
Como presidente de la Cámara de Senadores, presentó una solicitud por escrito a la ministra para que confirmara, bajo juramento, que los mensajes eran de su autoría, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.
El senador expresó que debe esperar a que la ministra le responda por escrito, ya que es su derecho constitucional recibir una comunicación formal sobre los motivos de su actuación.
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Aunque la ministra ya ha publicado una carta abierta a la opinión pública, Armenta enfatizó que no puede dar por enterado basándose únicamente en los medios; el derecho de petición requiere una respuesta.
«Sin duda, atenderé la respetuosa recomendación del señor Presidente para evitar que esto trascienda a otro nivel», afirmó.
El legislador aseguró que seguirá presentando propuestas de reforma al Poder Judicial, especialmente para que sus integrantes sean elegidos democráticamente, en respuesta a la demanda de la ciudadanía que se opone al despilfarro de recursos por parte de estos funcionarios.
En ese sentido, señaló que los magistrados ganan más que el Presidente de la República, lo cual viola la Constitución. Preguntó cómo es posible que alguien que jura cumplir y hacer cumplir la Constitución gane 300,000 pesos cuando el Presidente gana 130,000 pesos.
Armenta también destacó la constitucionalidad de la llamada «Ley 3 de 3», un paso más hacia la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.
«La izquierda mexicana ha sido históricamente impulsora de los derechos de las mujeres y ha liderado los movimientos sociales en materia de derechos laborales y defensa de las mujeres», afirmó.
Del mismo modo, celebró la constitucionalidad de la reforma que reduce la edad mínima para acceder al cargo de diputado o diputada de 21 a 18 años, un acto de justicia social para los jóvenes que son discriminados en el acceso a cargos públicos.
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