El presidente de la Jucopo Ricardo Monreal conmina a consultar y estudiar el contenido de la propuesta
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que la intención de las reformas a la Ley de Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) es combatir la corrupción y sus redes, así como las prácticas indebidas, a fin de garantizar que el ahorro de las y los trabajadores esté incólume y sirva al propósito para el cual fue creado.
Indicó que uno de los temas que más polémica han generado, quizá por la falta de información, es el relativo a la minuta en materia de vivienda con orientación social, pues no es cualquier ley: “son 36 artículos de la Ley del Infonavit y siete de la Ley Federal del Trabajo”.
Son, dijo, 43 artículos en total, situación que “nos permitió tomar una decisión de otorgar esta pausa y analizar esos 43 artículos que para nosotros son fundamentales en una situación muy especial que se ha propuesto la presidenta Claudia Sheinbaum”.
Monreal Ávila recordó que esta minuta deriva de una iniciativa de la presidenta de la República, “y lo que intenta con ella es una armonización legislativa, pues incluso la auditoría interna se fortalece, para que la Auditoría Superior de la Federación pueda auditar los recursos del Instituto”.
Subrayó el legislador que se establece la creación de una empresa filial y reglas de arrendamiento social, el cual fue el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Apuntó que son temas clave el presupuesto, la extinción de gravámenes, los derechos adquiridos y las disposiciones consideradas en el dictamen, como la que señala que las personas trabajadoras podrán acceder a una vivienda vía arrendamiento social para, después, adquirirlas si es su deseo.
Por ello, abundó, se tiene que aclarar y estudiar, de ahí que elaboró una ficha con motivo del dictamen aprobado el 13 de diciembre en el Senado de la República y que fue turnado a la Cámara de Diputados. “Estoy tratando de describirla puntualmente para que sea muy del conocimiento de todos”.
Resaltó que aquella persona que esté interesada la puede consultar en ricardomonrealavila.com, donde incluso hay un cuadro comparativo entre la actual ley y la propuesta de la presidenta de la República.
“Al verla te vas a dar cuenta que lo que intenta la presidenta es combatir la corrupción, las prácticas indebidas, las redes de corrupción que se instalaron y combatir a fondo este problema fundamental para garantizar que el ahorro de los trabajadores esté incólume y sirva al propósito que para el cual fue creado. Por eso te invito a que lo leas, a que la consultes, y estudies el contenido de estas disposiciones”, finalizó.
Propuestas de modificación a la Ley del Infonavit
Se plantea establecer que ley tiene por objeto regular la administración, la organización, operación, desarrollo, control, vigilancia y rendición de cuentas del Instituto, atendiendo a sus objetivos y a la naturaleza de sus funciones.
Respecto al desarrollo del Infonavit como constructor de vivienda, mediante una empresa filial, indica que los recursos propios del Instituto y los que tenga bajo su administración estarán destinados a adquirir suelo e inmuebles, construir vivienda para fomentar la oferta destinada al arrendamiento social.
El gasto de administración de la empresa filial será parte del presupuesto de operación aprobado cada año para el organismo, el cual no deberá exceder el 0.55 % de los activos totales que se administren.
Se regula la figura del arrendamiento social, estableciendo el derecho para que la persona derechohabiente, luego de un año de cotizar continuamente, pueda participar en el programa de arrendamiento social, a efecto de invertir sus recursos en la construcción de vivienda, para que la persona trabajadora pueda adquirirla. Establece que la mensualidad de cada renta no podrá exceder al 30 % de su salario.
Asimismo, se fortalece la operación y gobernanza institucional del Infonavit, ya que reformula la integración tripartita, reduciendo el número de integrantes para la Asamblea General del Instituto, de 45 a 30, y para el Consejo de Administración de 15 a 12, manteniendo la representación tripartita.
La Comisión de Vigilancia estará integrada por cinco representantes del Gobierno Federal, dos del sector laboral y dos del empleador. En tanto, el Comité de Auditoría tripartita tendrá tres del Gobierno Federal, uno del sector trabajador y uno del empresarial, así como del Comité de Transparencia, con la intención de fortalecer la representación del Gobierno de México en la toma de decisiones al interior.
Además, se prevé la exclusión del Infonavit de las facultades de supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para lo cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitirá reglas prudenciales para el manejo del balance del organismo y podrá solicitar información o aclaración sobre contabilidad de estados financieros. El 30 de mayo de cada año, el Infonavit deberá rendir un informe al Congreso de la Unión.
