A fin de erradicar aplicaciones digitales no autorizadas que ofrecen préstamos o créditos rápidos e impedir que sigan operando, señala la diputada Corona Nakamura
La diputada del Partido Verde Ecologista María del Rocío Corona Nakamura (PVEM) impulsa iniciativa para establecer que las Instituciones de Tecnología Financiera que no cuenten con autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) no puedan operar, ofertar servicios ni ostentarse o promocionarse a través de aplicaciones informáticas, interfaces, páginas de internet o cualquier otro medio de comunicación electrónica o digital.
En el documento que reforma el artículo 11 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, establece que las ITF deberán proporcionar a sus clientes el contrato que respalde sus servicios en donde se señale con lenguaje sencillo y claro la totalidad de conceptos, montos, retenciones, intereses o cualquier otro cargo que se cobrará.
Menciona que no podrán, en ninguna circunstancia, cobrar intereses más allá del tiempo de duración de los contratos; modificar los términos, plazos, montos o condiciones acordadas durante el tiempo que dure el contrato; así como impedir o penalizar el pago anticipado de los préstamos o créditos.
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Así como no utilizar la información del cliente con fines publicitarios o de marketing y solicitar la instalación de aplicaciones informáticas o el permiso para acceder directa o indirectamente a la información de los clientes contenida en sus teléfonos celulares, tabletas, computadoras o cualquier otro dispositivo electrónico o digital con el fin de disponer de información como números de contactos, fotografías o videos.
La iniciativa, enviada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, busca regular el funcionamiento y operación de las aplicaciones que, dentro del marco de la ley y la regulación de las autoridades correspondientes, promuevan, presten sus servicios y operen dentro de del país.
El documento de la diputada Corona Nakamura indica que se trata de portales que no tienen una oficina establecida, una representación legal o representante ni pagan impuestos; tampoco cuentan con un reconocimiento como persona moral o el respaldo de alguna institución financiera y mucho menos el registro de las autoridades.
Relata que, en México, del total de estas aplicaciones y empresas de préstamos y créditos rápidos “solo el 18 por ciento están reguladas y entregan los créditos que ofertan, y el otro 82 por ciento solo recolecta datos.
Al respecto de las que entregan los créditos, lo hacen a intereses imposibles de pagar y cuando esto sucede, es cuando usan los contactos guardados en la aplicación para llamarles y hacer labores de cobranza”.
El año pasado se presentaron mil 505 quejas de fraude al solicitar un crédito exprés, 39 por ciento del total de los casos que se plasmaron en el Portal de Fraudes Financieros de la Condusef. Dentro de éstas hay unas con característics de acoso”.
“Estamos ante un delito frente al cual no hemos hecho realmente nada para combatirlo, erradicarlo, prevenirlo o, cuando menos, sancionarlo. No podemos ser indiferentes ante esta problemática y tampoco ser omisos respecto la corresponsabilidad que tenemos ante la sociedad como sus representantes”, agrega.
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