El senador morenista sostuvo que es necesario fortalecer las políticas públicas para evitar problemas de salud mental entre los estudiantes.
Ante los altos niveles de maltrato en las escuelas, hostigamiento o acoso, el senador Cuauhtémoc Ochoa presentó la iniciativa que reforma el artículo 16 de la Ley General de Educación para que en el desarrollo de los programas y políticas en los diversos niveles de educación, se combata la violencia escolar o «bullying» en todas sus formas.
Y es que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022 publicada por el INEGI, de los 11.7 millones de personas de entre 12 y 17 años que asistían a la escuela en México durante 2022, el 28% dijo haber sido víctima de acoso escolar en los últimos 12 meses.
De acuerdo con esas cifras, son casi 3.3 millones de estudiantes adolescentes los que se convierten en víctimas de esta forma de violencia en todo el país.
Ante dicho escenario, el senador de Morena, Cuauhtémoc Ochoa, consideró como necesario reforzar las políticas públicas que ya existen para atender este problema social para evitar problemas de salud mental entre los estudiantes, tales como: depresión, ansiedad, falta de concentración, sueño y pensamientos suicidas.
Abundó que, por si fuera poco, el ciberacoso ha ganado terreno debido al mal uso de los medios digitales.
“Este fenómeno es mayormente visible entre la población de entre 11 y los 16 años y los efectos son visibles en la salud de niñas, niños, adolescentes y jóvenes”, apuntó.
Por ello, propuso que la comunidad estudiantil trabaje coordinadamente para impulsar espacios escolares seguros.
Además, el legislador abundó que la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, trabajen para erradicar la ignorancia, sus causas y efectos.
Así como los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación, la violencia y el maltrato escolar, especialmente el que se ejerce contra la niñez y las mujeres, personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social.
Agregó, que también se debe trabajar en la implementación de políticas públicas orientadas a garantizar la transversalidad de estos criterios en los tres órdenes de gobierno.
