Prisión preventiva oficiosa, asignatura pendiente del Congreso

Prisión preventiva oficiosa, asignatura pendiente del Congreso. Estudio del IBD revela que la medida cautelar viola derechos humanos. Foto Especial

Se presentaron 23 iniciativas de reforma Constitucional que proponen eliminar la figura de prisión preventiva. Estudio del IBD revela que la medida cautelar viola derechos humanos y principios del sistema penal acusatorio

 

En los últimos tres años, el Congreso de la Unión ha recibido 23 iniciativas de reforma Constitucional destinadas a eliminar la figura de prisión preventiva oficiosa, según un estudio de la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD).

Esta medida cautelar ha sido señalada por violar principios del sistema penal acusatorio y atentar contra derechos humanos reconocidos tanto en la legislación nacional como en tratados internacionales ratificados por México.

El estudio, titulado «Adecuación del ordenamiento jurídico respecto de la figura de Prisión Preventiva Oficiosa en la Carta Magna y en leyes secundarias: una asignatura pendiente», elaborado por la investigadora Carla Angélica Gómez Macfarland, destaca que estas propuestas buscan cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la cual ha condenado al Estado mexicano por las violaciones de derechos que implica la prisión preventiva oficiosa.

Por otro lado, el informe menciona que se han presentado 33 iniciativas que no están en sintonía con las sentencias de la Corte IDH, proponiendo, en cambio, la ampliación del uso de la prisión preventiva oficiosa para delitos como el secuestro, la defraudación fiscal y la deforestación.

Según los Principales Resultados de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021, en los centros penitenciarios del país había 220,500 personas privadas de su libertad, de las cuales 61,328, es decir, el 29.6%, aún no contaban con una sentencia.

El estudio concluye que la discusión sobre la adecuación del marco jurídico nacional respecto a la prisión preventiva oficiosa es un tema pendiente que urge resolver, tanto para garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad como para proteger a las víctimas de los delitos.