La reforma avanzó con 83 votos en favor, 13 en contra y tres abstenciones, dos de ellas de los morenistas Ricardo Ahued y Julio Menchaca
México.- Con el respaldo mayoritario de las bancadas del PAN, PRI y PRD, Morena empujó la llamada «Ley Zaldívar», una reforma al Poder Judicial, primera desde la que se realizó en el sexenio de Ernesto Zedillo.
Cuatro senadores panistas, uno de Morena y los de Movimiento Ciudadano aportaron 13 votos en contra, y destacaron que el proyecto tiene como base una iniciativa del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, redactada de espaldas a los otros ministros.
«Hubo llamadas de Ministros, cabilderos y Gobernadores, todos presionando para que pasara esta reforma», denunció en tribuna el senador panista Damián Zepeda.
De hecho, un senador involucrado en la confección del dictamen aseguró que el propio presidente de la Corte tomó el teléfono para presionar a los parlamentarios.
La iniciativa luego fue avalada en lo particular y remitida a la Cámara de Diputados.
El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado Rannauro, al inicio del debate advirtió que esperaba «un ejercicio de congruencia y responsabilidad de la mayoría de los senadores del PAN y del PRI, y que rectifiquen su posición, o de lo contrario, en los hechos, estarán disolviendo el Bloque de Contención, que hasta hoy ha sido uno de los últimos diques para mantener el equilibrio de poderes en México».
El coordinador de la bancada morenista, Ricardo Monreal, rechazó que el Presidente de la Corte haya acumulado más poder.
«¿Dónde está aquí el exceso de control del presidente de la Corte? ¿Dónde está el empoderamiento del presidente de la Corte?», cuestionó.
La reforma comprende la consolidación de la carrera judicial para todas las categorías, a la que se accederá mediante concurso de oposición, así como la limitación a la discrecionalidad de nombramientos otorgados por jueces y magistrados.
Además, el reforzamiento de las facultades institucionales del combate a la corrupción y al nepotismo; impulso a la capacitación y profesionalización del personal a través de la creación de una Escuela Judicial; y el fortalecimiento del Instituto Federal de la Defensoría Pública, «de manera que los defensores públicos se conviertan en verdaderos abogados de los pobres».
