El PRI señaló ante el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa que se vivieron jornadas de terror en el estado antes y durante los comicios del pasado 06 de junio
Sinaloa.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) impugnó la elección para gobernador en Sinaloa, en la que resultó triunfante el morenista Rubén Rocha, pues según señalan los priistas, «se violaron los principios constitucionales en materia de libertad de voto, equidad y certeza que viciaron la voluntad de los electorales”.
El PRI señala ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Sinaloa, que antes y durante la jornada electoral se vivió un clima de miedo en toda la entidad derivado de varios hechos de violencia, por tanto, se vulneró directamente el ejercicio efectivo de derecho al voto “libre de toda violencia, amañada de violencia, presión o manipulación de cualquier tipo”.
En total, describen 15 actos violentos previo a las elecciones, entre los que destacan el secuestro del secretario de organización electoral del PRI, Alberto Salas Beltrán, así como el robo de casillas en el distrito 04 y el ataque a las casas de campaña de los candidatos a las alcaldías de Los Mochis y Mazatlán.
Para los comicios, registraron 54 actos de violencia, por ejemplo, el robo de paquetes electorales en varios puntos del estado; ataques y robos de grupos armados que provocaron la asistencia de más elementos de la Guardia Nacional además del llamado a la SEGOB para que atendiera «intimidaciones y reportes ciudadanos».
“Con los actos de violencia registrados antes y durante la jornada electoral del pasado 6 de junio, se atentó en contra del marco normativo constitucional y legal, cuya tutela está directamente encaminada a la prohibición de los actos que generen presión o coacción a los electores y a garantizar el voto libre y secreto”, señalan.
“No se puede saber a ciencia cierta si los electores emitieron su sufragio libremente y sin presión o, en su defecto, si lo hicieron bajo el temor de sufrir algún daño y por tal motivo cambiar su sentido del voto, así como tampoco se tiene ciencia cierta que no se hayan violado los materiales electorales, afectando le resultado de la votación recibida en cada casilla”, abundan.
Aunque participó el 51 por ciento del electorado sinaloense, señalan que «resulta imposible determinar la cantidad de personas que decidieron su voto con su libertad vulnerada ante el clima de violencia e intimidación que se presentó antes y durante la jornada electoral”.
De igual manera, mencionan que con esta presión, no se puede tener certeza “ sobre que, la ejecución de esos hechos violentos, siendo sistemáticos y graves, no pudieron llegar, a un número de ciudadanos en lo que se influyó inequitativamente en la orientación de su voto”.
“Debe decirse que los hechos violentos y disturbios acaecidos antes de la jornada y durante la misma, analizados de manera aislada podrían no ser suficientes para anular la elección de gobernador del estado de Sinaloa, sin embargo, analizados en el contexto general de violencia y en el clima de inseguridad que se generó, adquieren aún mayor trascendencia y relevancia, (…) con ello queda clara la grave afectación que sufrió el proceso electoral, pues no se dejó elegir libremente a la ciudadanía”, externaron en el documento.
