Quienes incurran en faltas administrativas graves, y así lo determine la autoridad judicial competente, conllevará a la remoción o cese del servicio
Pachuca, Hidalgo, 18 de febrero de 2022.- En el marco de la sesión permanente de la cámara de diputados local, el legislador de extracción priista, Roberto Rico, dio lectura a una iniciativa de reforma a la ley de Seguridad Pública para el estado de Hidalgo, la cual contempla evitar y castigar en su caso, abusos policiacos.
A nombre del grupo parlamentario del PRI, se pronunció a favor de erradicar la arbitrariedad con que se conducen algunos malos elementos de las corporaciones policiales, así como el uso excesivo de la fuerza y el extralimitarse en el ejercicio del encargo de quienes integran las instituciones policiales, nunca más el uso excesivo de la fuerza pública que se comete en contra de los ciudadanos, como lo recientemente ocurrido en la capital del Estado, precisó.
Esto en alusión a los recientes hechos ocurridos en el fraccionamiento Punta Azul de Pachuca, donde al exterior de un negocio, fue detenida una mujer con excesiva fuerza de parte de policías municipales, quienes ocasionaron lesiones a la afectada, y misma situación ya son una constante también en otros municipios.
En ese sentido, el grupo legislativo del PRI en el Congreso Local presentó ante la diputación permanente una iniciativa que reforma la Ley de Seguridad Pública para el estado de Hidalgo “a fin de hacer frente a la corrupción y atacar la impunidad que reclama día a día la ciudadanía como un mal generalizado”, precisó el legislador.
“No queremos policías que abusen de su ejercicio sin tener un castigo ejemplar ya que su función es preservar el Estado de Derecho y evitar a toda costa el cáncer que corroe a México”, señaló Rico Ruz.
El legislador local puntualizó que la bancada priista reprocha los actos de violencia con los que actúan elementos de seguridad publica en cualquier región del Estado, por ello seguirán buscando mecanismos a través de mejorar las normas que impacten en la vida de la población.
Explicó que este proyecto de reforma pretende reconocer de manera clara a quienes integran las instituciones policiales en su carácter de servidores públicos, lo que da la pauta de contribuir a robustecer y eficientar el sistema nacional y estatal anticorrupción.
Añadió que quienes incurran en faltas administrativas graves, previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y así lo determine la autoridad judicial competente, por haber incurrido en hechos constitutivos de delitos de corrupción, conllevará a la remoción o cese del servicio.
