El sistema penitenciario no está brindando resultados, es necesario desarrollar estrategias que vayan más allá del enfoque punitivo
Ciudad de México.- Ante la situación actual de los centros penitenciarios de México, se vuelve una opción cada vez más viable invertir en programas de reinserción social para combatir problemáticas como sobrepoblación, hacinamiento y autogobierno. Políticos como Silvano Aureoles Conejo, gobernador del estado de Michoacán, han hecho un llamado a enfocar el trabajo y los presupuestos en la prevención de la reincidencia. «Invertimos más en la parte punitiva, correctiva, que a prevenir los delito, la fórmula debe cambiar» aseguró el gobernador michoacano.
Ya que el sistema legal está dirigido a sancionar a las personas culpables de cometer delitos, comúnmente dentro de estos centros penitenciarios se perpetúan dinámicas que posibilitan la reincidencia. Datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) revelan casos de sobrepoblación (35.4%), actividades ilícitas (35.4%), falta de vías para la remisión de quejas de violaciones a los derechos humanos (39.8%), insuficiencia de personal de seguridad (61.1%), deficiencias de higiene en instalaciones (59.3%), áreas médicas (31%) y cocinas (36.3%) en las cárceles del país.
Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), el nivel de reincidencia nacional es de 25.9%, siendo más alto en Ciudad de México (44.9%) y Baja California (41.2%). Las estadísticas demuestran como el actual modelo penitenciario no está cumpliendo con los fines establecidos en la Constitución, es decir, la reinserción social. El artículo 18 establece que «se debe lograr la reinserción social de las personas sentenciadas por la comisión de algún delito, a través del respeto a su integridad personal y garantía del derecho al trabajo, educación, salud, deporte y actividades culturales».
Información del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (COPRED), devela que más allá de los retos enfrentados por la población dentro de las prisiones, las personas con antecedentes penales ocupan el lugar 16 en la lista de los 40 grupos más discriminados. «La condición de vulnerabilidad de las personas liberadas se agudiza cuando lazos familiares y sociales se deterioran. Ello puede tener implicaciones tan inmediatas como el no contar con recursos para trasladarse, consumir alimentos o para tener alojamiento» explica el Instituto de Reinserción Social. Señala también que el 7% de las personas privadas de su libertad no cuentan con una vivienda al salir, quedándose así en situación de calle.
La gente privada de su libertad enfrenta dinámicas de exclusión estigmatizantes y discriminatorias, asegura Catalina Pérez Correa, doctora en derecho por la Universidad de Stanford, esto no solo tiene consecuencias sociales y familiares sino también laborales. El INEGI afirma que encontrar y mantener un trabajo reduce la reincidencia en los exprisioneros, mientras mejor la paga, menos posibilidad de que las personas retornen al crimen. Lamentablemente la estancia en los centros penitenciarios lo dificulta, ahí se pierden habilidades laborales y no hay oportunidad de adquirir experiencia útil para el trabajo gracias a los bajos niveles de capacitación.
Considerando todos los obstáculos que enfrentan las personas con antecedentes penales y las estadísticas que revelan la ineficacia del actual sistema penitenciario, se requieren de nuevas alternativas óptimas para resolver las problemáticas. A través de condiciones de vida dignas, el respeto y garantía de los derechos humanos, una perspectiva integral y apoyo postpenitenciario se pueden formular nuevos programas de reintegración social y laboral. Se necesitan más estrategias preventivas para evitar seguir saturando las cárceles del país.
