Este programa piloto operado por el Consejo de la Judicatura Federal, ya se lleva a cabo en la Ciudad de México y está por implementarse en los estados de Chiapas y Oaxaca, considerando su población indígena
Pachuca, Hidalgo, 30 de junio de 2022.- En Hidalgo existe una población privada de la libertad de 4 mil 704 personas, 333 son mujeres y 350 personas pertenecen a algún pueblo originario, de los cuales 15 son mujeres y 317 son hombres.
Por lo anterior, con la finalidad de acercar la justicia a mujeres y personas indígenas que, por diversos motivos, no han contado con una sentencia definitiva a sus asuntos y se encuentran recluidos en algún centro penitenciario de Hidalgo, y con escasas posibilidades para obtener una buena defensa, la diputada local, Erika Rodríguez Hernández presentó un exhorto dirigido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Explicó que se trata de implementar en Hidalgo un programa piloto para la defensa de este sector poblacional, en asuntos de índole local.
La legisladora local recordó que el ministro presidente de SCJN, en su calidad de presidente del Consejo de la Judicatura Federal anunció 5 medidas para responder a la grave situación que enfrentan las personas en reclusión, entre las que destaca la implementación de un programa piloto para determinar cuál es la situación de mujeres y personas indígenas en procesos locales, a través de defensores y defensoras públicas federales que acudirían en su auxilio en asuntos de índole local.
Este programa piloto operado por el Consejo de la Judicatura Federal, ya se lleva a cabo en la Ciudad de México y está por implementarse en los estados de Chiapas y Oaxaca, considerando su población indígena.
Es de mencionar que Hidalgo ocupa el 5° lugar a nivel nacional en este segmento poblacional, razón por la cual las comisiones que analizaron la propuesta encontraron viable realizar el exhorto a la instancia federal.
Refirió que de estas personas indígenas, seis mujeres están procesadas y ocho sentenciadas por delitos del fuero común y únicamente una mujer por un delito del fuero federal; de esta misma población, son 79 los hombres procesados y 231 sentenciados por delitos del fuero común mientras que tres más están procesados y cuatro sentenciados por delitos del fuero federal.
Por lo anterior, el exhorto tiene la finalidad de contar con la ayuda de personas especializadas en el tema, que puedan aportar mayores y mejores elementos para la defensa de los casos que así lo ameriten.
“No se trata de defender a quienes son acreedores a penas justas, sino a quienes no han sido juzgados por inconsistencias y que continúan presos o a quienes por alguna situación no cuentan con los recursos para una buena defensa”, señaló.
Tras darse lectura en el Pleno del Congreso del estado de Hidalgo el exhorto fue aprobado por unanimidad y será enviado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.