Diputado Óscar Jiménez sostuvo que el Estado tiene en sus manos la posibilidad de reducir la carga económica de las familias que tienen un niño diagnosticado con cáncer
Cd de México.- El diputado Óscar Jiménez Rayón (PRI) presentó una iniciativa que reforma la Ley de Desarrollo Social para que las o los jefes de familia sean inscritos como beneficiarios de los programas sociales que otorga el Gobierno Federal, cuando estén al cuidado de menores y formen parte del Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes.
En un comunicado, sostuvo que el Estado tiene en sus manos la posibilidad de reducir la carga económica de las familias que tienen un niño diagnosticado con cáncer.
Refirió que el cáncer es la tercera causa de muerte en México, y en niños, sobresalen la leucemia, huesos y cartílagos, tejido linfático, tejido blando y del sistema nervioso central y ante el incremento de cáncer infantil en el mundo, la Organización Mundial de la Salud, recomendó a los gobiernos tener este mal como una prioridad de salud pública.
Jiménez Rayón argumentó que su propuesta pondría a México a la vanguardia en el cuidado y atención del padecimiento y obligaría a que “los programas sociales y de salud contemplen un apoyo económico gradual, para mejorar la calidad de vida de los padres en custodia de niños con cáncer”.
Recordó que éste y otros trastornos imponen cargas económicas, psicológicas, físicas y emocionales terribles, no sólo a los afectados directamente, sino a las familias que en un entorno financiero difícil pueden ser rebasadas en su capacidad de respuesta para atender las consecuencias de la enfermedad; por lo que de aprobarse la reforma, se protegería el interés superior de la infancia y se salvaguardaría el bolsillo de las familias.
El priista apuntó que hasta 2018, de las 64 Unidades Médicas Acreditadas para la atención de esta enfermedad, 54 reportaron casos que requirieron usar -el ahora extinto- Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, por ello, exigió al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, se convierta en el eje rector de las políticas públicas y evite que el Programa Cáncer en la Infancia y la Adolescencia sólo sirva para diagnosticar la enfermedad y luego olvide y abandone a su suerte a la niñez.
