Plan B un riesgo para una elección de Estado en 2024 advierte Beatriz Paredes

Plan B un riesgo para una elección de Estado en 2024 advierte Beatriz Paredes. Foto: Especial

 Beatriz Paredes argumentó que el Plan B disminuye las funciones del árbitro electoral a nivel nacional y representa un riesgo para la injerencia del gobierno federal

 

El Pleno del Senado de la República retomó este miércoles la discusión sobre el Plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de desechar la “cláusula de vida eterna”, la cual pretendía abrir la puerta para que partidos como el PT y el Verde pudieran transferir votos, mediante alianzas, que le garantizaran el registro.

Tras más de dos meses, el documento finalmente subió al Pleno del Senado, toda vez que las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda coincidieron que la reforma al artículo 12 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) resulta inconstitucional al contraponerse a lo previsto en el artículo 72, fracción E de la Constitución de México.

La senadora Beatriz Paredes, del PRI, argumentó que el Plan B disminuye las funciones del árbitro electoral a nivel nacional y pone en riesgo la injerencia del gobierno federal en el proceso electoral de 2024, lo cual representa un riesgo para una posible elección de Estado en 2024.

Al referirse al dictamen por el que se reforman la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, calificó esta jornada de descalificaciones, y no de argumentos, en el Congreso, como un día triste para la democracia mexicana, pues debilita el marco para elecciones justas.

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También pidió no traicionar más de 30 años de lucha por la democracia.

La senadora Imelda Castro, señaló que con la votación de este dictamen se debe cerrar el proceso legislativo que se suspendió en diciembre y criticó a la oposición por mal llamar ‘cláusula de vida eterna’ a la modificación al artículo 12 y atajó que ya se acordó su eliminación.

Castro, quien se posicionó a favor de la reforma electoral, reprochó a los consejeros del INE por ganar más que el presidente de la República, mientras que Germán Martínez, del Grupo Plural, aclaró a Morena que solo en 2022, el PT y el Partido Verde se llevaron más de 900 millones de pesos de presupuesto.

Dante Delgado, líder de Movimiento Ciudadano, señaló que con la eliminación de dicha cláusula, quedará aprobado formalmente el Plan B de López Obrador en materia electoral, y adelantó que su partido presentará una impugnación a la reforma, pues esta es antidemocrática.

El PAN señaló que la reforma electoral impulsada por Morena debe detenerse: “Es por el bien de México y la democracia. Lo que quiere el presidente es perpetuarse en el poder y eso no lo podemos permitir”.

El senador Germán Martínez consideró que esta reforma electoral es un retroceso de por lo menos 30 años de lucha democrática y advirtió a los senadores de Morena que ellos mismos padecerán los abusos de algunos de sus gobernadores, como en Sinaloa y Colima, para intervenir en las elecciones locales.

Suprema Corte admitió a trámite las primeras 5 impugnaciones al Plan B

El martes 21 de febrero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite cinco acciones de inconstitucionalidad contra el primer paquete de reformas del plan B electoral, que fueron promovidas por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

Las acciones de inconstitucional que fueron admitidas son las relacionadas al decreto por el que reformaron, adicionaron y derogaron disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

El asunto fue tomado por el ministro Alberto Pérez Dayán, quien también determinó que los cambios a las leyes mencionadas no serán aplicables durante las elecciones en Coahuila y Estado de México en junio próximo.

Pérez Dayán argumentó que el decreto es inválido en los procesos electorales de 2023 debido a que se promulgaron durante la veda electoral y a los efectos adversos que podría causar su aplicación.

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