En el lugar permanece un cementerio radioactivo
Pachuca.- Con el objetivo de dar certeza jurídica y permitir que el predio ubicado frente a los límites de la colonia San José, en Tula, se reconozca jurídicamente como parque ecológico, el diputado Ricardo Baptista González promueve un exhorto al gobierno federal para que en el ámbito de sus atribuciones esto se materialice.
Asimismo, pide al titular del Poder Ejecutivo de Hidalgo sus valiosos oficios para que se otorguen las facilidades para lograr una solución de fondo que permita saldar la deuda que se tiene con la ciudadanía de Tula mediante la preservación de este espacio ambiental.
En el marco de la sesión ordinaria 169 del Pleno del Congreso local, el legislador morenista indicó que la región Tula-Tepeji sigue siendo una de las zonas más contaminadas por aire, agua y tierra.
Comentó que se requiere de atención inmediata de los tres órdenes de gobierno del predio antes referido, mismo que data de la década de los 80, ya que decenas de ciudadanos del municipio de Tula se han dirigido a su representación solicitando su intervención, ya que de manera pacífica se han organizado con la única intención de que se les apoye para poder materializar a través de los medios legales, sociales, políticos y financieros el denominado Parque Ecológico de San José, actualmente en posesión de la comunidad desde hace más de 30 años.
El comisariado ejidal de San Lorenzo, que refieren pretende lotificar y construir, lo cual puede generar confrontación, por lo que debemos buscar una salida pacífica.
Recordó que este predio tiene una historia que forma parte de un suceso trágico y que abrió un capítulo en el manejo de materiales radioactivos en América Latina, teniendo origen en el Centro Médico de Especialidades de Ciudad Juárez, en Chihuahua, cuando en 1977 un hospital privado compró una máquina de radioterapia equipada con una bomba de Cobalto-60, misma, que por falta de personal especializado no fue usada y fue “arrumbada” varios años, hasta que decidieron deshacerse de ella vendiéndola como “fierro viejo” y después usada en una fundidora para la fabricación de varillas.
Añadió que con la puesta en marcha en 1976 de la refinería Miguel Hidalgo y de la termoeléctrica Francisco Pérez Ríos en Hidalgo, se generó un importante impacto económico e impulso al empleo en la región de Tula, así como un crecimiento de la industria de la construcción, en infraestructura social así como fue necesaria la construcción de casas habitación, lo que generó una gran demanda de materiales e insumos para tal efecto, en los años siguientes de la llegada de estas industrias.
Señaló que la varilla contaminada fue vendida en más de 15 estados del país, entre ellos, Hidalgo, llegando a esta región vendiéndose a bajo precio; en muchos municipios de esta región el material contaminado fue adquirido sobre todo por personas de bajos recursos para sus viviendas.
Dijo que al descubrirse tiempo después que estaban altamente contaminadas, y debido al riesgo de radiación, fueron obligados a derruirlas por las autoridades sanitarias y de los gobiernos de ese entonces para salvaguardar su salud, pues ya se habían detectado incremento en casos de cáncer y otras graves enfermedades.
Detalló que en el caso de Tula, muchas de esas varillas contaminadas fueron sepultadas irresponsablemente en la parte cerril de los terrenos de los ejidos de San Lorenzo y de Tula, junto a la colonia San José, cementerio radioactivo que puso en riesgo a miles de habitantes de las comunidades del municipio. Ante las quejas y movilizaciones de la gente en 1987 el entonces gobernador Guillermo Rosell de la Lama, ordenó fueran desenterradas y llevadas fuera a confinarlas a otros lugares.
Indicó que ante la situación de contagio y riesgo, el gobernador en acuerdo con la autoridad municipal en turno y con el respaldo de las autoridades ejidales, decidieron crear un espacio de recuperación ambiental, forestar todo el predio y convertirlo en un pulmón para el saneamiento de esta zona.
Destacó que los ocho gobernadores del estado y los 12 presidentes municipales de Tula, han apoyado y reconocido que ese predio de ocho hectáreas forma parte de ese resarcimiento ambiental, mismo que hoy usan cientos de ciudadanos en actividades deportivas, sin embargo, está pendiente dar certeza jurídica de que esa área forma parte de la comunidad, misma, que no cuenta con áreas necesarias para el esparcimiento.
