El giro que dieron las investigaciones a cerca del caso “María Angela”, la joven de 16 años que “desapareció”, en el paradero del Metro Indios Verdes, en la Ciudad de México y que después fue encontrada desnuda dentro de una bolsa negra en un paraje de Nezahualcóyotl, ha generado controversia porque la policía señala que la joven se fue por voluntad propia y de ninguna manera fue víctima de alguna banda criminal.
Hoy hay muchas dudas acerca de lo que pasó y este caso a la larga tendrá un impacto negativo cuando a través de marchas, bloqueos o cualquier tipo de protesta para exigir el regreso con vida de mujeres o niñas víctimas de la violencia pierdan su impacto entre las autoridades y la sociedad civil, pues se dudará de la veracidad del delito en curso.
La realidad es que diariamente desaparecen mujeres en México, son abusadas, son asesinadas o bien son integradas a las redes de explotación sexual y esta serie de delitos son reales, no son un mal chiste, ni mucho menos un montaje.
Por eso, que la sociedad haya sido en extremo empática con María Angela, su familia y sus amigos que cerraron durante dos días consecutivos la Avenida Insurgentes Norte, para exigir su regreso con vida y luego que se diga que en realidad la adolescente se fue por voluntad propia, representa un riesgo para la credibilidad de este tipo de delitos.
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Seguro que, en la investigación, no todo está dicho, habrá más detalles que revelen qué llevó a la jovencita a escapar de esa manera de la autoridad de su madre, o bien, en algún momento se sabrá si en realidad pasó algo con María Angela, pero por lo pronto no se debe hacer escarnio, ni se debe minimizar la violencia contra las mujeres.
En el caso de Hidalgo, las estadísticas rojas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), revelan que tan solo durante 2022, se registraron dos mil 178 delitos de homicidio, lesiones, secuestro, extorsión, corrupción de menores y trata de personas.
Por el delito de feminicidio se iniciaron 18 carpetas de investigación en 2022, lo que ubicó al estado en el lugar número 20 de las 32 entidades del país.
Y son Tizayuca, Ixmiquilpan y Pachuca, las demarcaciones las que se colocaron entre los 100 municipios del país, con el mayor número de presuntos delitos de feminicidio, lo que por supuesto debe ser un reto de las autoridades de justicia para frenar este tipo de delitos que si son reales y que están reflejados en las estadísticas nacionales.
Esfuerzos hay, el gobierno de la 4T lo está haciendo, por lo pronto ya hay una “Policía Violeta”, que opera ante el llamado de emergencia para auxiliar o rescatar a alguna mujer que esté sometida a violencia y su integridad corra riesgo.
Ojalá que con estas y otras acciones, bajen las estadísticas de violencia de género, sobre todo, ojalá que sea la víctima quien ponga un muro de contención, (la distancia), o denuncie muy a tiempo cuando su victimario ejerza constantemente agresiones contra ella, pues el riesgo de feminicidio estará latente.
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