Este jueves se llevó a cabo el Foro número 13, con la participación de especialistas y funcionarios
Ciudad de México.- La consejera jurídica y de servicios legales de la CFE, Georgina Velasco Zanella, dijo estar a favor de la reforma porque el Estado será responsable de preservar la seguridad y la autosuficiencia energética y garantizar la seguridad nacional y los derechos humanos.
Refirió que la iniciativa, establece que la CFE la participe con el 54 por ciento de la energía requerida en el país y que el sector privado lo haga con el 46 por cierto, lo que es acorde con el sistema de economía mixta que mandata la Constitución.
Añadió que la reforma de 2013 destruyó el sistema de planeación del sistema eléctrico nacional y provocó un peligro real de la balcanización de las redes porque permite que los generadores privados se conecten en cualquier lugar del territorio nacional.
A su vez, Carlos Rodríguez Sámano, especialista en derecho energético, señaló que, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, la energía más barata que la CFE tiene es aquella que proviene de los productores independientes. Aseguro, que estos producen electricidad a un costo mucho menor y que la iniciativa de reforma propone la cancelación de todos sus contratos y permisos; lo que traería consecuencias graves para los hogares y negocios que necesitan una energía confiable, a menores costos y menos contaminantes.
Subrayó que la iniciativa pone en entredicho principios legales que dan certeza y seguridad jurídica al presente y futuro de México.
Afirmó que la iniciativa no sólo afecta los generadores privados, sino que crea incertidumbre en cualquier inversión extranjera o nacional para mejorar la infraestructura o instalación de plantas productivas.
Para el director general de Profesiones de la SEP, Eduardo Andrade Sánchez, el Estado mexicano es quien debe regir los aspectos estratégicos y funciones básicas como el abastecimiento de electricidad, el cual no debe estar en manos de privados.
Explicó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene que pagar, de manera injustificada, más de 400 mil millones de pesos al sector privado, desde que se aprobó la reforma de 2013. Por estos motivos, dijo, es necesario que el Estado asuma la rectoría del sector eléctrico.
El abogado constitucionalista, Raúl Pérez Johnston, consideró necesario que se analicen los impactos negativos que trae consigo la reforma. Dijo que la rectoría del sector eléctrico nunca ha estado comprometida; sin embargo, si se llega a aprobar el proyecto en sus términos generará más daños que beneficios.
Expresó que se debe hacer un análisis hacia dónde queremos ir como país y si vale la pena que, con esta reforma, a través de la priorización de la generación de energías no limpias, se ponga en riesgo el miedo el medio ambiente, el cambio climático y la vida de las y los mexicanos.
Luego de la exposición de sus puntos de vista, procedieron a dar respuesta a las preguntas relativas a la competencia económica y soberanía energética, por qué la reforma, recursos legales contratos, tratados internacionales, entre otras.
En primer lugar, Georgina Velasco Zanella señaló que, para no permitir apagones, la Comisión respalda con sus plantas la generación eléctrica ante la concentración de los generadores privados, quienes se salen del proceso porque no tienen la continuidad necesaria para ofrecer el servicio.
Habló de su necesidad de empezar una estratégica energética sustentable. Respecto a la cancelación de permisos, indicó que se habla de los permisos obtenidos de manera ilegal y con fraude a la ley.
Afirmó que la Comisión quiere piso parejo y reglas claras, no quiere simulaciones ni mercados paralelos; tampoco distribuir entre los usuarios los costos, sino un trato justo y una verdadera competitividad. Por eso, esta reforma necesita aprobarse, puntualizó.
Luego Eduardo Andrade Sánchez afirmó que la Constitución no puede ser inconstitucional y dijo que no se violenta ningún derecho adquirido; la Constitución puede establecer procedimientos que modifiquen algunas situaciones que existían antes. Señaló que con esta reforma el Estado no violaría tratados internacionales.
Raúl Pérez Johnston señaló que un órgano revisor de la Constitución, sin límites, puede atropellar derechos. Estimó que el modelo que se está planteando va a requerir enormes niveles de inversión pública que van a tener que ser sacados de los impuestos o a base de endeudamiento público.
Planteó de dónde se sacarán los recursos para indemnizar a los privados y los fondos públicos necesarios para cumplir con la demanda eléctrica en los próximos treinta años, cumpliendo compromisos internacionales vinculados a la protección ambiental.
Carlos Rodríguez Sámano consideró que el planteamiento actual de la reforma es regresivo a un modelo que ya se superó. Destacó que la iniciativa no plantea un piso parejo para los privados y aclaró que no están en contra de que se modifiquen las leyes; no obstante, no es necesaria una reforma constitucional, sino trabajar en las leyes secundarias.
Afirmó: “No debemos utilizar la Constitución para cancelar contratos, revocar permisos, ni para dañar el medio ambiente ni resolver problemas técnicos que corresponde resolver en la legislación secundaria”.
