Miembros de la Sociedad civil se adelantan a aval del Plan B, en demanda de que no se menosprecie su sitio en el escenario político nacional
Ciudad de México, 23 de enero de 2023.- Al menos 50 organizaciones civiles preparan una concentración en el Zócalo de la Ciudad de México, el domingo 26 de febrero.
El llamado de las organizaciones es bajo la premisa de que la democracia no seguirá avanzando si no existe mayor apertura para la sociedad.
En reclamo de su sitio en el escenario político, las organizaciones prevén que, para esa fecha, iniciado ya el periodo ordinario de sesiones en el Congreso. El Senado habrá aprobado el llamado plan B electoral y lo enviará al Ejecutivo para su promulgación.
Conforme a la fecha de la convocatoria de la concentración se dará en el marco del Día de la Bandera, que será el viernes 24, y se prevé que manifestantes porten una bandera de México, como símbolo de la defensa de la patria, de la Constitución y la democracia, y que los asistentes vayan con alguna prenda color rosa, como emblema de la defensa del INE, como sucedió a mediados de noviembre pasado.
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A diferencia de la marcha del 13 de noviembre, el acto del 26 de febrero, en esta ocasión solo se prevé la concentración y un único discurso. Se colocará un templete a la altura de la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la calle de José María Pino Suárez.
Se destaca que en este movimiento se buscará “que no haya protagonismo ni de los líderes de las organizaciones sociales, ni de los líderes partidistas que seguramente participarán”.
Los representantes de organizaciones civiles se reunieron la semana pasada con las dirigencias del PRI, PRD y PAN, en aras de avanzar en la concientización de que la alianza Va por México hacia la elección presidencial de 2024, no será competitiva si los partidos no aprecian el poder que tiene la sociedad civil.
“Queremos que la convocatoria sea de la sociedad, que los partidos vayan sin ningún problema, además ellos están en la defensa del INE; pero si queremos que la sociedad salga al Zócalo, debe de saber que no va a ir a fortalecer a determinado partido o personaje político; vamos a anunciar con tiempo quién es el orador”,
Así mencionó Guadalupe Acosta Naranjo, integrante del movimiento civil, quien puntualizó que debe quedar claro que no se trata de grilla.
“Sobre todo ahora que ya hay un mensaje claro de que la calle no es solamente de un movimiento, sino que la sociedad civil se puede organizar, como sucedió el 13 de noviembre, y que se puede apoderar de las calles; ahí está el poder de la gente al margen de los partidos políticos”.
En torno a la sensibilización de las dirigencias partidistas a la convocatoria del próximo 26 de febrero, el ex presidente nacional del PRD mencionó que tanto en el PRI como en el PRD están mucho más abiertos.
“Entre la clase política ha crecido mucho la concientización de que debemos dar un empujón para abrirle paso a la sociedad si queremos que en México la democracia tenga un cierto sentido”.
Adelantó Acosta Naranjo que ya están trabajando en la organización de mesas sobre cómo debe ser el método para seguir en la elección de los candidatos al 2024 y en lo que será el gobierno de coalición, con toda una estructura que provoque un cambio en el presidencialismo exacerbado que se ha vivido en México en los últimos tiempos.
La movilización, que será el seguimiento de la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) que se realizó el pasado 13 de noviembre, contará con un orador sorpresa, “un personaje de primerísima línea, que no anda buscando una candidatura”, señaló Acosta Naranjo.
El domingo 26 de febrero las organizaciones sociales demandarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva los recursos de inconformidad que desatará la aprobación del llamado plan B de la reforma electoral, que estiman será promulgado durante la primera semana de febrero.
Calculan que en cuanto inicie en periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión —el 1 de febrero—, el Senado de la República aprobará el plan B e inmediatamente el Ejecutivo Federal emitirá el decreto correspondiente, con su consecuente reacción legal.
