Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador habla de que las controversias por su política energética en el marco del T-MEC y las consultas que se llevarán a cabo se debe respetar la soberanía, la independencia y la justicia de nuestra nación, tiene razón, ya que así quedó establecido en el capítulo 8 que dice que “las Partes confirman su pleno respeto por la soberanía y su derecho soberano a regular con respecto a asuntos abordados en este Capítulo de conformidad con sus respectivas Constituciones y derecho interno, en pleno ejercicio de sus procesos democráticos”.
Incluso el mandatario destacó que “aun tratándose del mercado más importante del mundo -en referencia a Estados Unidos-, sí tener acceso a ese mercado nos implica ceder soberanía no lo aceptamos, no vamos a entregar nuestra independencia a ningún gobierno extranjero”, advirtió, lo que va concordancia con la postura que fijará luego del desfile militar en el que se celebrarán los 212 años de la independencia de México.
Se comprometió a enviar una carta el presidente de la nación vecina, Joe Biden, con el propósito de explicarle los detalles del tratado porque “seguramente no conoce los pormenores y le voy a explicar que se suspendió la negociación, quienes participaron, como fueron al presidente Trump y como él aceptó el texto”, porque se trata de una negociación de hace cuatro en donde el mandatario del país vecino no tuvo acceso.
Destacó que hay que ser muy prudente con los términos que se utilicen para las aclaraciones y dejó en claro que no va a ver ruptura, “no solo porque tenemos la razón sino porque no nos conviene y no le conviene a Estados Unidos, ya no es el tiempo de antes”, recalcó.
Para los conservadores, dijo que “hacen periodismo muy ramplón y vulgar” les puedo decir que “actuamos con responsabilidad” y lo que quieren ellos, -los conservadores- “es amarrar navajas” pero las cosas se tienen que argumentar dijo ya que “es una integración indispensable y conveniente para las dos naciones ya no es que te cierro la frontera y te voy a perjudicar, tú me cierras la frontera y te vas a perjudicar ti mismo”, recalcó.
Las demandas están basadas en afirmaciones de que la política energética de México ha sido discriminatoria para estos países, lo cual es inconsistente con el T-MEC. De acuerdo con el capítulo 31 del T-MEC, los países miembros tienen 30 días para iniciar un proceso de solución. Sin embargo, el periodo de consultas podría tomar hasta 15 meses si los desacuerdos no se resuelven de manera rápida.
Eventualmente, si los demandantes consideran que sus demandas se mantienen sin resolver y que se encuentran fuera del marco del T-MEC, se deberá conformar un panel, el cual tendrían hasta 145 días para presentar un reporte final. Suponiendo esto, Estados Unidos y Canadá podrían establecer aranceles equivalentes a las afectaciones.
JUEZ CONCEDE AMPARO CONTRA LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA
El juez federal Juan Pablo Gómez Fierro concedió un amparo en contra de la Ley de la Industria Eléctrica, ordenando aplicar el estatuto que estaba vigente antes de que entrara en vigor la reforma, aprobada en marzo de 2021.
Gómez Fierro argumentó que la ley actual atenta contra el derecho al medio ambiente sano, en concordancia con los argumentos de los magistrados de la Corte Suprema a favor de su inconstitucionalidad. A su juicio, la ley restringe y modifica los incentivos existentes para la transición energética, pues la orden de despacho ahora perjudica indebidamente a las empresas privadas que generan energía a partir de fuentes renovables, mientras favorece a la empresa del estado que depende relativamente más de los combustibles fósiles.
La determinación del juez es de aplicación general, pero puede ser impugnada ante un tribunal colegiado. En abril, luego de la resolución de la Corte Suprema, especialistas anticiparon que se producirían dichas suspensiones. En este contexto, de acuerdo con Citibanamex es poco probable que la incertidumbre en el sector eléctrico se disipe en el corto plazo, lo que perjudica la inversión que tanto se necesita en el sector y, por lo tanto, afecta la competitividad en una variedad de industrias que de otro modo dependerían de fuentes de energía limpias, baratas y confiables.
Pero en fondo y de acuerdo al artículo 8, numeral 1 y 2 en su apartado a y b dejan en claro que “México se reserva su derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación interna; y nuestro país tiene el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional, incluida la plataforma continental y la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a éste, en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su estado físico, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”
