Ministra Norma Piña ordena investigar a Arturo Zaldívar por tráfico de influencias

La ministra Norma Piña ordenó investigar a Zaldívar y a ex colaboradores tras recibir denuncia anónima. Foto Especial

La ministra Norma Piña ordenó investigar a Zaldívar y a ex colaboradores tras recibir denuncia anónima, por los hechos descritos en la carpeta de investigación J/108/2024

 

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) investiga al ministro en retiro Arturo Zaldívar y a sus allegados del Poder Judicial por vulnerar la autonomía e independencia de dicho poder; violencia sexual; falta de profesionalismo; enriquecimiento ilícito; cohecho; abuso de funciones, desvío de recursos.

Tras recibir una denuncia anónima el 9 de abril de este año, la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del CJF, Norma Piña Hernández, ordenó investigar los hechos descritos en la carpeta de investigación J/108/2024.

La denuncia acusa que Zaldívar vulneró, entre 2019 y 2022 cuando fue ministro presidente de la Suprema Corte, la independencia de órganos jurisdiccionales a través de Carlos Antonio Alpízar Salazar, al ejercer presión sobre jueces con la promesa de beneficios políticos, económicos.

En la carpeta de investigación se precisan los nombres de decenas de jueces que presuntamente fueron presionados por Arturo Zaldívar a través de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas y la Contraloría del Poder Judicial.

También se cuestiona que con la intención de implementar políticas anti-nepotismo, Zaldívar colocó a sus piezas estratégicas para controlar los asuntos más importantes. Todo esto para “conseguir resoluciones acordes a sus fines” a cambio de beneficios políticos.

El ministro en retiro es señalado de utilizar al Instituto Federal de Defensoría Pública y al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles de manera imparcial.

Otra acusación contra Arturo Zaldívar es la de haberse confabulado con el ex consejero de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, “para atentar contra la autonomía e independencia de los titulares de los órganos jurisdiccionales”.

El pasado 21 de febrero, durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que cuando Zaldívar era presidente de la Corte, hablaba con el ministro para «respetuosamente» intervenir en ciertos casos.

“(Cuando) estaba Zaldívar, se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía: ‘Cuidado con esto’. Si viene mal la averiguación, porque el ministerio público en vez de poner que detuvo a la persona, detuvieron a la persona a las 9:00 de la mañana, encontró de que lo detuvieron a las 11:00, y con ese hecho podía dictar la libertad”, dijo en esa ocasión.

Un día después, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, Zaldívar negó que violara la independencia del Poder Judicial. “Yo defendí la autonomía y la independencia de los jueces durante los cuatro años que fui presidente, nunca le hablé ni le he hablado a ningún juez, a ningún magistrado para sugerirle, para insinuarle, mucho menos para instruirle que fallara un asunto en un sentido o en otro”.

Otro de los señalados es Carlos Antonio Alpízar Salazar, ex secretario general de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, a quien se le acusa de enriquecimiento ilícito, corrupción y extorsión, por presionar a jueces y magistrados para resolver casos a favor del Ejecutivo Federal.

Según la denuncia, la Presidencia de la República ejerció presión en el Poder Judicial en casos como la Ley de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y la cancelación del de Texcoco, el Tren Maya, el caso de Emilio Lozoya, de extradiciones, así como en temas relacionados al Infonavit, a las telecomunicaciones, con medios de comunicación, entre otros.

Alpízar Salazar también es acusado de desvío de recursos públicos, violencia sexual y de género y de extorsionar a jueces y magistrados.

La investigación incluye a Edgar Manuel Bonilla del Ángel como titular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles por delincuencia organizada institucional; y a Netzaí Sandoval Ballesteros, durante su gestión como director General del Instituto Federal de Defensoría Pública, por corrupción, hostigamiento laboral, enriquecimiento ilícito y uso indebido de su cargo.

Según la denuncia, Arturo Zaldívar presionó casos como el de Rosario Robles, a cargo del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna. Otro ejemplo es el del juez de distrito Iván Aarón Zeferín Hernández que participó en asuntos como Cruz Azul, familia Jenkins, el fraude a Infonavit, la Estafa Maestra.

Es de mencionar que desde el inicio de su gestión al frente del PJF, el entonces ministro presidente, Arturo Zaldívar hizo pública su afinidad con el proyecto de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Zaldívar renunció a la Corte en noviembre del año pasado para sumarse al equipo de campaña de la candidata presidencial por Morena, Claudia Sheinbaum.

Desde esta nueva posición, el ministro en retiro ha realizado diversos foros de discusión para promover la reforma al PJF propuesta por el presidente López Obrador que establece la elección de ministros, jueces y magistrados federales por voto popular, la eliminación del CJF, entre otras cosas.

En diciembre de 2023, el senador Alejandro Rojas Díaz Durán presentó una denuncia administrativa contra Zaldívar por sumarse a la campaña de Sheinbaum antes de estar formalmente fuera de la Corte, por lo que pidió retirarle sus prestaciones y beneficios por haber sido ministro.

El 14 de diciembre, Proceso informó que Zaldívar intentó sorprender a los ministros para que, una vez fuera de la Corte, pudiera mantener privilegios millonarios que ni siquiera los actuales integrantes en activo del Máximo Tribunal, tienen.