Corrupción en SEGALMEX: el caso durante el gobierno de AMLO
SEGALMEX enfrenta el único caso de corrupción bajo el gobierno de AMLO, con denuncias por 9 mil 500 millones de pesos en irregularidades administrativas
La Secretaría de Gobernación (SEGOB), a través de su titular, Luisa Alcalde, reconoció que el caso de corrupción dentro de Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX)representa el «único incidente de este tipo» durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Alcalde cedió la palabra a Roberto Salcedo, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), para que detallara los avances en las investigaciones.
SEGALMEX, una institución creada en 2019 con un enfoque social, tenía como misión rescatar el campo mexicano y apoyar a los productores de granos. Su objetivo principal era garantizar precios de los productos básicos para favorecer a los sectores más vulnerables de la población. Para ello, SEGALMEX integró las estructuras de LICONSA y DICONSA, dos empresas públicas ya existentes.
Sin embargo, la falta de claridad en las atribuciones y la obsolescencia de los sistemas informáticos de estas tres entidades provocaron una crisis administrativa. Ante esta situación, el gobierno decidió remover a los servidores públicos de sus puestos directivos y conformar un grupo multidisciplinario encargado de corregir las irregularidades, además de investigar los casos de corrupción.
Uno de los logros más destacados fue la recuperación de 955 millones de pesos que habían sido invertidos ilícitamente en bonos bursátiles. No obstante, el verdadero alcance de las irregularidades salió a la luz tras las auditorías realizadas el 18 de agosto de 2022 y el 29 de junio de 2023 por la SFP y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las cuales revelaron observaciones por un daño patrimonial estimado en 9 mil 500 millones de pesos.
De este monto, hasta el momento se han aclarado 4 mil 700 millones de pesos, mientras que 2 mil 100 millones están bajo análisis para determinar su correcta acreditación. Los 2 mil 700 millones restantes corresponden a un daño patrimonial que no ha sido justificado, por lo que se han presentado denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) para procesar a los responsables.
El proceso de aclaración continuará hasta que se reúnan las pruebas necesarias, pero las autoridades han asegurado que no habrá impunidad en este caso. Aunque no se puede confirmar el daño patrimonial hasta agotar todas las instancias, la administración sigue comprometida con la transparencia.
