Va la reforma eléctrica * Vacunas, la piedra en el zapato de la 4T
Por Gerardo Flores Ledesma
HACE UNOS días, el INEGI dio a conocer el dato de pobreza laboral en México, mediante el cual se mide el porcentaje de población que, con el ingreso por su trabajo, está en condiciones de adquirir una canasta alimentaria básica.
Lamentablemente, la cifra negativa está en aumento, porque 52 millones de mexicanos sufren esa pobreza laboral, lo que significa que casi 5 millones más se sumaron a ese patético índice en 2020.
Los datos, con base en cálculos del INEGI y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), precisan que este ejército de pobres se engrosó porque disminuyó el ingreso real en -2.5% y el paquete de alimentos para las zonas urbanas se encareció 6.1% el año pasado, mientas que el de las rurales aumentó 7.6%, ambas variables por encima de la inflación anual que fue de 3.5%.
En 2020, la canasta alimentaria costaba mil 204.29 pesos en las zonas rurales y mil 674.65 pesos en las urbanas.
Una canasta básica se compone de maíz, trigo, arroz; carnes de res, ternera y pollo; pescados, leche, quesos, huevos, aceites, tubérculos crudos o frescos, verduras y legumbres, leguminosas, frutas, azúcares, mieles y bebidas no alcohólicas, principalmente.
La situación en lo social puede tornarse peligrosa, porque el semillero de pobres a escala nacional demandará alimentos. Millones de mexicanos han perdido su trabajo; otros cientos de miles sufrieron una reducción en su sueldo, y otras decenas de miles trabajan con tiempos escalonados, según el semáforo epidemiológico. Los únicos que no han sufrido un quebranto en sus ingresos con quienes están incrustados en la burocracia y cobran sus quincenas sin problema, desde marzo de 2020, y que se mantienen laborando dentro de los cánones de la nueva normalidad.
No hay que soslayar que la pobreza avanza más en algunos estados que en otros. Entre las 20 entidades donde hubo la mayor disminución del ingreso real per cápita en comparación con el año anterior están Quintana Roo, con -18.9%; Tabasco, con -13.2%; Ciudad de México, con -12.8%; Puebla, con -12.5%, y Tlaxcala, con -9.9%.
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YA NO hay remedio, no habrá marcha atrás y todo está listo para que este martes 23 de febrero se aprueben los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica. Las modificaciones van y de nada valieron las opiniones de los expertos, los empresarios, los opositores y los “conservadores”. El Parlamento Abierto fue, otra vez, un muro de lamentaciones y un audiómetro, donde privó la pérdida de tiempo o de cientos de horas-hombre para dejar asentado en las minutas del Congreso que si se atendieron las propuestas y contrapropuestas.
Con tales reformas, el gobierno retoma la rectoría de un sector que requiere de muchas inversiones, y se queda con todas las tareas de transmisión, distribución, generación y comercialización de la energía eléctrica. El presidente Andrés Manuel López Obrador cerrará un capítulo que se abrió en 1992 cuando se modificó la Ley del Servicio Público de la Energía Eléctrica para permitir la participación del sector privado en algunas actividades.
Vuelve el control del Estado, como en la época de Luis Echeverría y José López Portillo, cuando el gobierno tenía en sus manos más de 10 mil empresas rectoras, desde bancos hasta fábricas de bicicletas, que luego se dedicó a vender, no sin antes dejar una cauda enorme de deuda pública para salvar de la quiebra a esas paraestatales costosas y mal administradas.
Vale la pena retomar la advertencia del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado en su más reciente Análisis: “La aprobación de la iniciativa de reforma a la ley eléctrica actuará en contra de la ciudadanía, ya que tarde o temprano traerá consigo
mayores precios de la electricidad o más deuda pública, cuya carga al final cae inexorablemente sobre los contribuyentes. Suponer que el gobierno puede ser autosuficiente para sostener el sistema de energía evidentemente implica serios riesgos para el país”.
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LAS VACUNAS siguen siendo una piedra en el zapato del gobierno, porque quedó demostrado que no las tenemos, ni se compraron anticipadamente. Lo que se observa es un plan político-electorero de Morena y sus huestes, porque quienes ya se vacunaron han manifestado molestia, además de agradecimiento, aunque se una obligación del gobierno otorgar salud pública. El enojo de algunos vacunados contra la Covid-19 surge porque dicen que les exigieron los datos de su credencial de elector y en algunos casos hasta les preguntaban si ya sabían por quién van a votar el próximo 6 de junio. Es muy lamentable que no exista un programa claro y transparente, como los hacían “los conservadores”, desde los 70s y hasta hace unos cuantos años, cuando iban casa por casa vacunando, y no pedían datos porque ya existe un trabajo elaborado por muchas instituciones, como el INEGI o el Consejo Nacional de Población (Conapo), para media el tamaño de la población y su distribución en el país. Ya existe una radiografía de cuántos adultos mayores hay en el país y de qué tamaño es la población infantil, juvenil y madura de México. Lo demás es politiquería.
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