Estrujante e indignante. Se cumplió un año, sí, un largo año con sus meses y sus días, sin que haya justicia cabal para las víctimas directas e indirectas del colapso de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, la también llamada “Línea Dorada”, un fiasco trágico al menos en sus 12 años de existencia, que no de vida, sino de muerte.
Se perfila esta tragedia, ocurrida curiosa y simbólicamente el Día que en México se conmemora la Santa Cruz, como la Cruz de los gobiernos de izquierda que desde 1997 ejercen el poder en la Ciudad de México, iniciados a través del PRD y más tarde Morena.
La tragedia del Metro también podría ser la cruz que cargarán dos precandidatos a la presidencia de México, quizá los dos más aventajados, aunque siempre ante el riesgo de un eventual.
descarrilamiento por obra y gracia presidencial, quien se entretiene de vez en rato con sus fichas y corcholatas como tuvo a bien llamarlas. Cada quien pues.
Así se proceda conforme a la ley de la llamada justicia restaurativa, una forma de saldar de manera sólo material a los deudos de las 26 personas que murieron y el centenar más que resultaron lesionadas, algunos de ellos incluso de por vida, falta la justicia penal, que sigue ausente al cabo de un año, uno largo -como dije arriba- con sus días, sus semanas, y sus meses. Es obvio e insultante que pese al tiempo transcurrido, no hay justicia completa, acaso resarcimiento material como si todo este triste episodio urbano se redujera a pesos y centavos, en un caso tan grave y doloroso como el ocurrido casi al cierre del día tres de mayo del 2021. No hay responsables de los hechos, del desplome del metro y de las muertes y heridos, y mucho menos culpables y/o sentenciados conforme a la ley. Porque después del derrumbe del metro, sólo se pidió y se sigue esperando justicia, que sigue sin llegar.
Y sin embargo, hubo personas muertas y otras muchas lesionadas, familias que vivirán con dolor y pesar, más los daños que se acumulen en el futuro que tengan en sus vidas por delante.
Es cierto, la justicia restaurativa, que prevé indemnizaciones materiales, es bienvenida. Es la parte menos costosa, ínfima incluso, para mitigar una tragedia. Pero eso no compensará jamás la pérdida de una vida y las consecuencias derivadas de esto para los deudos. Tampoco saldará o resolverá la vida de las personas que resultaron lesionadas de manera vitalicia y mucho menos cuando quedaron impactadas para todos los días que vengan.
Peor todavía, es la impunidad a la vista. Nada ha cambiado con los poderosos del momento, así se digan diferentes. Inconcebible que las autoridades de la Ciudad de México y la propia Fiscalía hayan perdido la oportunidad de establecer un precedente distinto en materia de justicia penal. Esa oportunidad, que abrió una tragedia, ya se arruinó tras doce meses de nada, así se argumente lo contrario y se rechace la idea de juicios penales largos, costosos y aún el castigo carcelario para atajar de una buena vez por todas la impunidad en la que vivimos los mexicanos, prácticamente garantizada si hay dinero y mucho.
Esto pese a la contratación de la empresa DNV de Noruega, con el compromiso de conocer la verdad, sólo la verdad y sancionar a los responsables del colapso de mayo del 2021.
. Esa fue la esperanza que diluyó el tiempo. Hace un par de días, Claudia Sheinbaum dijo que la empresa DNV, que debía dar un informe sobre la causa-raíz del siniestro, fue rechazada por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil porque incumplió los requisitos solicitados. Otra vez, suena raro, al menos, que un año después se determine esto y se rechace el trabajo de una empresa elegida para dictaminar la causa del colapso y la verdad de los hechos a partir de la seriedad y el prestigio internacional de su trabajo de hace al menos 150 años, según sostuvieron categóricas y en medio de la tragedia, las autoridades. ¿Y entonces? Suena raro, insisto.
Sheinbaum dijo que la calidad del informe sobre la causa-raíz de la tragedia fue distinta a los dos primeros reportes entregados sobre el caso. ¿Cuál era el contenido de este tercer informe? ¿En qué se diferenció de los dos primeros?.
El informe de la Fiscalía de Godoy Ramos ratificó que el colapso fue una consecuencia de falencias en el proceso de construcción y diseño de la Línea 12. ¿Y? ¿Dónde están los responsables? No hay un solo responsable, pero si mucho dinero y otros beneficios materiales aceptados por el 90 por ciento de los deudos.
Si acaso los intentos, cuatro hasta el momento, de imputabilidad contra ocho ex funcionarios, y dos representantes de empresas, han quedado en eso, intentos. Pero no hay hasta ahora ningún responsable, culpable y menos sentenciado penalmente en el caso de una tragedia que como sabemos costó 26 vidas y dejó cien lesionados y que se ha tratado de cerrar con el pago de dinero, pero con omisión de la justicia simple, llana y expedita. ¿Cárcel? No. Ahora se llama reparación del daño mediante compensaciones materiales y listo, conforme las leyes que prevén ese tipo de reparación.
Encima, se presume y aún agradece desde el poder ejecutivo que la Ciudad de México no pagará un centavo del desplome porque todo será a cargo y cuenta del multimillonario mexicano, Carlos Slim. Qué buena persona es Slim. ¿No la parece? Tan tan. Y vámonos a otra cosa porque los muertos, pues muertos están, igual que la justicia.
@RoCienfuegos1
