Por Aquiles Córdova Morán
La historia, dice Marx, es la ciencia por excelencia, la única verdadera ciencia. Cervantes había escrito, más de dos siglos antes, que la historia es la maestra de la humanidad. Pero Marx veía en ella algo más hondo y esencial que la pura función pedagógica que le reconocía Cervantes. Según él, la historia es el desarrollo en el tiempo de todos los fenómenos de la realidad material (incluidos la sociedad y el pensamiento); por tanto, todo lo que existe, sin excepción, tiene una historia, y el conocimiento preciso, científico, de cualquier objeto real es imposible sin el conocimiento de su historia, sin remontarse a sus orígenes y, a partir de allí, seguir paso a paso su desarrollo hasta su configuración actual. Es lo que se conoce como conocimiento concreto de las cosas.
Hoy, en México, están teniendo lugar sucesos inusitados, inéditos, que están afectando negativamente la vida, la seguridad y la tranquilidad de toda la sociedad. Estos cambios se originan en la voluntad y la decisión de un solo hombre, el Presidente de la república, a cuyas órdenes y deseos se hallan sometidos el aparato completo de la administración pública, el Congreso de la Unión y el Poder Judicial Federal, lo que significa la supresión factual de la división de poderes propia de toda democracia.
Juristas, columnistas, articulistas y politólogos de los más reconocidos están de acuerdo en que México y los mexicanos nos encaminamos hacia una dictadura. ¿Es realmente así? ¿A qué clase de dictadura nos precipitamos sin darnos cuenta? Para responder a estas preguntas, me parece oportuno echar mano de la tesis marxista sobre el conocimiento concreto. Al hacerlo, nos daremos cuenta de que la dictadura no surge nunca de la nada, ni tampoco es fruto del capricho personal de un individuo; que todas brotaron de circunstancias materiales, económicas y espirituales que las hicieron necesarias y posibles y que representaron siempre los intereses de determinados grupos sociales dominantes, en abierta oposición de las clases trabajadoras de la ciudad y el campo
Veremos que “dictadura” no es sinónimo de retroceso, de oscurantismo científico y cultural, de odio a la libertad personal y política; en suma, oposición a rajatabla al progreso y bienestar de la población. En efecto, hubo dictaduras por decisión popular, como la de Cincinato que salvó a Roma de la invasión extranjera; otras como las de los tiranos griegos que promovieron eficazmente el comercio, la industria y las libertades ciudadanas en las colonias del Asia Menor. Gracias al tirano Pisístrato, hoy disponemos de una versión depurada y confiable de la Ilíada de Homero. En sentido contrario, tenemos los ejemplos de corrupción, de decadencia moral, de despotismo y abuso de poder de algunos de los doce césares biografiados por Suetonio. Sin embargo, tras más de dos siglos de ensayos, no siempre exitosos, la humanidad se inclina hoy a vivir en un sistema democrático (con todas las variantes que sabemos) por considerarlo el mejor o el menos malo de los regímenes políticos conocidos.
Dos rasgos esenciales definen a la democracia: la aceptación del principio de que el poder reside originalmente en el pueblo y que es éste quien lo delega en los gobernantes para que lo ejerzan en su nombre y para su beneficio. Este primer principio implica necesariamente el derecho irrestricto del propio pueblo a elegir libremente a quienes considere dignos de ejercer el poder en su nombre. El segundo principio es que, tanto los gobernantes como los ciudadanos, deben regir su vida y su conducta de acuerdo con códigos y leyes previamente elaborados, discutidos y aceptados por todos los ciudadanos en capacidad de decidir. Cuando una de estas dos condiciones (o las dos) falta, o es violentada y transgredida por el gobierno, puede hablarse propiamente de dictadura.
Hoy no hay duda de que se está violentando la ley por parte del gobierno; de que está pasando por encima de ella; de que está creando nuevas leyes y reglamentos claramente violatorios de la Constitución y opuestos a los conceptos elementales del Derecho; que está haciendo una aplicación parcial y selectiva de sus preceptos para perjudicar a los enemigos y favorecer a los amigos de la 4ªT; que, a pretexto de “combatir la corrupción”, algo que la gente exige y aplaude indudablemente, está usando dolosamente la ley para perseguir y encarcelar a los opositores mientras protege descaradamente, echando mano de los peores sofismas, a los corruptos al servicio del régimen; que la UIF de Santiago Nieto está convertida en un temible Tribunal del Santo Oficio que embarga cuentas y fabrica denuncias al por mayor contra cualquiera que disienta de la 4ªT y, a renglón seguido, promueve el linchamiento mediático de la víctima. El colmo de la arbitrariedad y de la manipulación dolosa de la ley es el intento de someter al voto popular el enjuiciamiento de los ex presidentes de la república, previamente juzgados y condenados desde el púlpito de las mañaneras.
Por otra parte, el erario de la nación se está usando para organizar y controlar el voto de los sectores más necesitados; se está gastando dinero a porrillo en “programas sociales” como “jóvenes construyendo el futuro”, “becas Benito Juárez” y “sembrando vida”, acciones que, según INEGI y especialistas independientes, carecen de objetivos claros y de una normatividad precisa para su aplicación. Dinero a manos llenas en dádivas como tinacos, calentadores, despensas, cemento y fertilizante que reparten solo los candidatos y los promotores de Morena, una clara maniobra para comprar votos. El mismísimo Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) está, como señalan los especialistas, cargado a las obras faraónicas y los programas clientelares del presidente, mientras dejan sin recursos a la salud, la vivienda popular y los servicios básicos. Mención especial merece el despojo a estados y municipios que, gracias a eso, no podrán hacer nada para paliar la pobreza y las carencias de sus gobernados. Y junto con todo esto, se ataca y debilita a las instituciones electorales, ya de por sí desprestigiadas por sus anteriores errores y complicidades.
En resumen: lo que todos vemos y vivimos es un intento por echar abajo el andamiaje legal que ordena y rige la vida democrática del país, por un lado; y por otro, el de forzar, distorsionar, manipular y corromper el derecho del pueblo a elegir libremente a sus servidores públicos. Estamos ante un ataque frontal al modelo democrático construido con la sangre del pueblo mexicano, sin su participación y sin su anuencia. Estamos pues, ante un amago de dictadura.
Se ataca y persigue la libertad de prensa y de opinión. Varios periodistas reconocidos, como Pablo Hiriart, Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo (Brozo), han perdido sus empleos (y alguno ha optado por el exilio), por la hostilización permanente y las amenazas de los “chairos”. En la semana recién pasada, sin embargo, ocurrió un hecho de la mayor gravedad. El director del Fondo de Cultura Económica, un reconocido escritor por cierto, salió a defender las medidas represivas contra dos conocidos intelectuales mexicanos, los historiadores, editores y politólogos Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín. Al final de su mordaz discurso les “sugirió” que se busquen otro país a la mayor brevedad posible. Esto rebasa cualquier límite que le queramos poner a la discrepancia ideológica, natural en esos ámbitos. Estamos frente a un acto de intolerancia que tiene historia y nombre, la quema de libros organizada por Goebbels como señal de arranque para la persecución, expulsión y quema de los judíos alemanes en los hornos crematorios de Hitler. ¿Otra vez el grito de Millán Astray contra Unamuno: ¡Muera la inteligencia!?
Pero la dictadura avanza y ensaya nuevos caminos. El 9 de septiembre, por órdenes del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, personal de la Fiscalía del estado respaldado por un destacamento de policía bien armado, allanó la casa de la cultura en la colonia Balcones del Sur, el área de mayor pobreza y marginación en la capital. Ante el reclamo de los vecinos afectados, los empleados de la Fiscalía dijeron que “tenían órdenes” de montar una oficina de la propia Fiscalía en ese recinto. Al día siguiente, 10 de septiembre, un vehículo del Ejército con 40 elementos a bordo allanó la unidad deportiva en la misma colonia con el pretexto de que “buscamos a un menor”. La gente volvió a encararlos. Los militares se retiraron pero se apostaron en los alrededores en plan amenazante. Barbosa, pues, está buscando enfrentar al pueblo uniformado y armado con el pueblo oprimido y marginado; está tratando de provocar una masacre. Desde ahora y desde aquí hago responsable al gobernador Barbosa si semejante crimen llegase a materializarse.
Y no es exceso de imaginación. El gobierno federal tomó con la fuerza armada la presa de La Boquilla, en Chihuahua. Los agricultores afectados y sus familias salieron a defender el agua, que es suya y significa la vida en esa desértica región, y vino, si no el choque frontal, sí una peligrosa fricción entre el pueblo y la fuerza armada. El saldo es una pareja baleada por la espalda, la esposa murió y el marido está grave. Y lo increíble en un gobierno racional es que la UIF de Santiago Nieto ya salió a congelar las cuentas (personales y del municipio) del presidente municipal de Delicias, del ex gobernador José Reyes Baeza y de varias personas e instituciones más, con las trilladas acusaciones que los antorchistas conocemos bien: “operaciones con recursos de procedencia ilícita”. Vea usted la credibilidad que merecen las acusaciones de la UIF.
Vamos hacia una dictadura y no es la dictadura de Cincinato ni la dictadura del proletariado, porque aquí los trabajadores y el pueblo organizado no se ven por ninguna parte; y si acaso se les toma en cuenta, es para acusarlos de huachicoleros y lavadores de dinero para poder reprimirlos y encarcelarlos. Es la dictadura de una clase media (media y baja) llena de rencores, revanchismo y ambición de dinero y de poder, representada por un gobernante autoritario dispuesto a cumplir puntualmente los deseos e intereses de sus representados. Ante una dictadura impuesta por el engaño, la manipulación y la violencia, el pueblo tiene pleno derecho a protestar y exigir que le devuelvan sus derechos legales y democráticos para elegir libremente el tipo de gobierno que desea.
