Impacto en la economía mexicana de cambios constitucionales propuestos por la 4T

La economía mexicana estableció un nuevo máximo histórico en 2022: PIB creció 3%. Foto: Especial

IMEF aconseja mantener un sistema que garantice la viabilidad del comercio internacional

 

Economía mexicana enfrenta volatilidad y riesgos en inversiones y comercio exterior debido a proyectos de cambios constitucionales del nuevo Congreso.

La economía mexicana se prepara para el próximo sexenio, cargado de nuevos retos y oportunidades. Entre ellos, los cambios constitucionales producto de la conformación del Congreso. En este sentido, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) afirma que estos cambios podrían traer un alto nivel de volatilidad.

Por su parte, la nueva legislatura plantea un ciclo de incertidumbre que se ha visto reflejado en un 10% de devaluación y ha elevado las tasas del bono gubernamental de 30 años rondan en el 11%, el nivel más alto desde que este bono está presente en el mercado desde 2006. El IMEF plantea que los cambios constitucionales también podrían inhibir las inversiones privadas en el corto plazo. En consecuencia, este escenario podría comprometer la continuidad de México en tratados de libre comercio como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), cuyo refrendo o cancelación está programado para julio de 2026.

Según el Instituto, la administración de Claudia Sheinbaum debe revisar el TMEC, a través del cual México exporta alrededor de 500 mil millones de dólares por año en manufactura a Estados Unidos. «La importancia de este tratado se demuestra en las exportaciones del resto de los países de América Latina que exportan en conjunto el 40% de esta cantidad», afirmó José Domingo Figueroa, presidente Nacional del IMEF, en un texto al que tuvo acceso NotiPress.

Figueroa consideró, durante la presentación de los resultados de expectativas de la Encuesta Mensual de Expectativas IMEF de junio 2024, que las condiciones bajo las cuales se firmó el TMEC, corren peligro con la aprobación de las reformas a la justicia impulsadas por la administración saliente de López Obrador. Sobre todo, las relativas al establecimientos de un marco legal y comercial claro, transparente y predecible que facilite los negocios y expanda el comercio y la inversión en México.

Asimismo, con énfasis en el proyecto de una reforma judicial, el IMEF considera que, de llevarse a cabo cualquier tipo de cambio de leyes, debe mantener cierta precisión en su base. Según el Instituto, se debe sostener un sistema de justicia capaz de resolver conflictos entre particulares y sancionar a quienes cometan delitos.

Además, el IMEF considera que debe haber certeza para los inversionistas de que existe un mecanismo judicial para ampararse ante actos de autoridad, litigar controversias, concesiones denegadas o permisos rechazados. Por último, la justicia debe garantizar seguridad para quienes invierten de tener la posibilidad de dirimir disputas comerciales en los tribunales expertos en materia energética, minera, de telecomunicaciones o de cualquier otro tipo, expresó.