La reforma constitucional que fortalecerá la independencia de las fiscalías estatales no avanzará si no va acompañada de la Fiscalía General, aseguró la presidenta de la Mesa Directiva
Ciudad de México, 03 de agosto de 2022.- Durante el foro sobre Autonomía e Independencia de las fiscalías generales del país, organizado por la Mesa Directiva y el Instituto Belisario Domínguez por la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, explicó que el gran reto es fortalecer a las instituciones en el ámbito ministerial local, para que las investigaciones de los delitos sean más expeditas y profundas en apoyo a la ciudadanía y en contra de la impunidad.
Recordó que, en marzo, en el Senado se impulsaron cambios constitucionales para fortalecer la independencia de las fiscalías, ampliar sus alcances, fortalecer su autonomía, y para mejorar y homologar los procedimientos mínimos específicos de nombramientos y de remoción de sus titulares, periodos y mecanismos de ratificación, entre otros.
Además, precisó, se analiza la autonomía presupuestal y la profesionalización en la carrera ministerial principalmente en elementos como la formación, ingreso, permanencia y capacitación y actualización de todas las personas que laboran en las fiscalías.
Dijo Sánchez Cordero que se busca avanzar desde el Congreso Federal en una auténtica reforma constitucional de remuneraciones dignas para los ministerios públicos, procuradores y fiscales, que tengan seguridad en su posición, y en la que se revise el sistema de competencias en el país, para definir qué corresponde a la Fiscalía General y qué a las fiscalías locales.
Por otra parte, la secretaria técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, Leticia Catalina Soto Acosta, celebró el mensaje de la presidenta del Senado, en el sentido de que la reforma será para y con las fiscalías, pues la participación colectiva podrá generar una sinergia que permita generar las instituciones de procuración de justicia que México necesita.
Pues precisó que actualmente las 32 fiscalías dependen del Ejecutivo para recibir los recursos del FASP y planteó que otro grave problema es que los fiscales ganan cuatro veces menos que un juez.
La funcionaria federal propuso al Senado tres cambios constitucionales y cuatro legales para fortalecer las fiscalías estatales, a fin de que no se reduzca su presupuesto, tengan mayor autonomía y formen parte del equipo de búsqueda de personas.
Mencionó Soto Acosta que la mayoría de los titulares de las fiscalías estatales son nombrados y removidos a propuesta del Ejecutivo federal. Mientras que Campeche, Chihuahua, Durango y Yucatán dependen directamente de su Ejecutivo estatal; en el caso de Baja California Sur, Hidalgo y Tlaxcala se mantienen como procuradurías, en tanto que Guanajuato, Nayarit, Tabasco y Jalisco no tienen autonomía presupuestal.
Explicó que son necesarias reformas a los artículos 21, 116 y 122 constitucionales para incluir a las fiscalías en el Sistema Nacional de Seguridad Pública y fijar una estructura mínima para todas las fiscalías.
De igual manera, cambiar los artículos 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 25 y 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, así como diversos artículos de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares.
