La corrupción mediante la cual autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos dan “facilidades” a delincuentes sexuales, lo que permite que gocen de impunidad, fue exhibida por una perito de la misma institución.
La Maestra en psicología, Ivonne Olivares Montes, explicó cómo funcionarios cercanos al Fiscal General, Uriel Carmona, han intentado corromperla para que cambie las conclusiones de dictámenes periciales y cómo “extravían” documentos para retrasar los procesos judiciales en contra de los acusados.
El caso más reciente es el de una niña de cuatro años de edad, víctima de abuso sexual, cuyo dictamen sicológico no fue ingresado a la Carpeta de Investigación en dos ocasiones, a pesar de que ya había sido recibido por la agente del Ministerio Público que lleva el caso.
La trabajadora de la FGE señaló directamente a Samuel Nava Vázquez, Coordinador General de Servicios Periciales, y a Érick César Dorantes Olivo, Subdirector de Servicios Periciales, de estar detrás de esa situación.
En el mes de diciembre del 2022 yo evalué a una menor de edad por el delito de abuso sexual, siendo el agresor un familiar bastante directo, y Erick César Dorantes Olivo y Nava Vázquez perdieron ese dictamen, teniéndolo que entregar nuevamente el día 23 de enero del presente año, pero también desapareció.
“Yo tengo los acuses del mismo dictamen con ambas fechas, entonces lo más fácil hubiera sido que tanto Nava, como Érick, me hubieran enviado un documento para que yo repusiera el dictamen y continuar con la investigación y no violentar los derechos de la menor”, contó la perito.
Lejos de eso, las autoridades de la Fiscalía solicitaron someter a la menor a otra prueba sicológica, lo que no está permitido por la Ley.
“Lo más fácil para ellos fue pedirle a la psicóloga Yumaira Reyes Guerrero que evaluara nuevamente a la menor; por dicho de la mamá, comenta que ella acudió con la menor y con personal de Derechos Humanos y que la psicóloga tuvo una actitud bastante negativa y que incluso su hija salió más afectada en ese momento, aplicándole pruebas y ya la sicóloga después se retractó y dijo que ya no iba a hacer ningún dictamen, pero de manera verbal le dijo a la señora que su hija no tenía ninguna afectación por el delito
“Obviamente, como cualquier mamá, considero, se molestó bastante y la mamá interpuso una queja en Visitaduría General en contra de Yumaira Reyes Guerrero, de Érick César Dorantes Olivo y de Samuel Nava Vázquez, así mismo en Derechos Humanos y también los denunció penalmente en la Fiscalía Anticorrupción”, explicó la psicóloga.
Tras la intervención de la Visitaduría de la FGE y de la Fiscalía Anticorrupción del Estado, el dictamen de la psicóloga Ivonne Olivares fue finalmente ingresado a la Carpeta de Investigación del caso.
Sin embargo, a raíz de esos hechos, denunció, es víctima de hostigamiento laboral.
Otro caso que fue denunciado por la perito ocurrió el año pasado, cuando una agente del Ministerio Público le ofreció 10 mil pesos a cambio de cambiar las conclusiones de su peritaje en un caso de violación de una menor.
«Menor de 9 años, hace un año, el resultado fue que presentaba afectación emocional y sicológica y la Ministerio Público con un ofrecimiento económico me dijo que lo cambiara, que yo pusiera en mis conclusiones que no había daño emocional ni sicológico para que la persona que ya estaba detenida en ese caso en particular, pues quedara en libertad
“Fue la cantidad de 10 mil pesos, pero, o sea, ni por 10 mil, ni por más yo haría eso”, expresó.
El acto de corrupción fue denunciado e incluso presentado a través de una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, sin embargo, hasta la fecha, permanece en la impunidad.
“Cuando hay intereses económicos eso sucede, desafortunadamente, y al día de hoy no se ha hecho nada por remover a estas personas del cargo, que lejos de apoyar a la ciudadanía, o que la ciudadanía confía en nosotros y acuda a denunciar, de verdad se está perdiendo toda la credibilidad”, dijo.
Añadió que ha recibido amenazas de muerte por denunciar estos hechos, por lo que responsabilizó de su seguridad a las autoridades de la Fiscalía de Morelos.
“Una compañera de Semefo el día viernes me dijo ‘sicóloga, por favor, cuídate mucho, porque el doctor y Érick están diciendo que ahora sí te van a matar’, entonces estoy con temor, pero también cualquier cosa que le suceda a mi persona, a mi familia y a mis bienes los responsabilizo totalmente a estos dos personajes”, dijo.
Estas denuncias se suman a los señalamientos lanzados en contra de la Fiscalía tras el hallazgo del cuerpo de Ariadna Fernanda “N”, en Tepoztlán el 31 de octubre de 2022.
Luego de que la Fiscalía de la Ciudad de México acusara a su homóloga de Morelos y a su titular, Uriel Carmona Gándara, de intentar encubrir al feminicida de Ariadna, familiares de víctimas denunciaron otros casos.
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Adelaida Torres Álvarez, mamá de Alondra, una adolescente de 16 años de edad que murió en un motel de Cuernavaca, dijo que cuando conoció el caso de Ariadna Fernanda de inmediato lo vinculó con el de su hija, quien, a pesar de tener golpes en el cuerpo y la ausencia de un diente, la Fiscalía de Carmona Gándara determinó que la causa de muerte fue un infarto al corazón derivado de una úlcera gástrica.
“El médico dijo que fue por una úlcera gástrica que le provocó un paro cardiaco, pero mi hija presentaba golpes, entonces ¿a dónde sacaron que era una úlcera gástrica cuando mi hija era, hacía ejercicio, iba al gimnasio, ¿cómo es posible que una niña de 16 años haya muerto por un paro cardiaco? Ésa es mi pregunta ¿de dónde sacaron eso o cuánto fue lo que le pagaron para determinar la muerte natural?”, cuestionó la mamá de Alondra.
A pesar de que solicitó una segunda autopsia al cuerpo de su hija, la petición fue negada por un juez.
“Cuando yo vi el caso de Ariadna en la televisión me llegó el recuerdo de Alondra porque fue similar, ella fue por una broncoaspiración y Alondra fue por un infarto, provocado por una úlcera gástrica, entonces Alondra sí presentaba golpes, ellos dijeron que no.
“El día que yo hice la marcha yo llevé una hoja, solicitaba exhumación de cuerpo para que le hicieran los análisis correspondientes y solicité que revisaran teléfonos de ambos, tanto como del joven, como de mi hija, hasta la fecha no tengo ni el teléfono de mi hija y me faltó una prenda por recuperar, me dieron todo, menos la prenda y el teléfono de mi hija”, comentó.
Con la determinación de la Fiscalía, el joven de 17 años que se encontraba con Alondra cuando murió fue dejado en libertad y libre de cargos.
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