El gobierno culpa de la escasez de alimentos principalmente a las sanciones impuestas por Estados Unidos, mismas que la Asamblea General de la ONU condenó el 24 de junio, como lo ha hecho casi todos los años desde 1992.
La isla comunista de Cuba se enfrenta a su peor escasez de alimentos desde 1990. Encontrar ingredientes nunca fue fácil en un lugar que importa alrededor de 70 por ciento de su comida. Ahora es casi imposible.
El gobierno culpa de la escasez de alimentos principalmente a las sanciones impuestas por Estados Unidos, mismas que la Asamblea General de la ONU condenó el 24 de junio, como lo ha hecho casi todos los años desde 1992.
Pero desde 2001, las sanciones eximen los alimentos. De hecho, EEUU es el mayor exportador de alimentos a Cuba, aunque el año pasado esas importaciones estuvieron en su nivel más bajo desde el año 2002.
Algunos factores externos han afectado el suministro de alimentos. El aumento en los precios mundiales de los alimentos, que hasta mayo de este año subieron 40 por ciento.
Pero el principal problema es la falta de divisas del gobierno.
El turismo, que normalmente representa 10 por ciento del PIB, se ha atrofiado debido a la pandemia: mientras que 4.2 millones de personas visitaron la isla en 2019, poco más de un millón lo hizo el año pasado, casi todos en los primeros tres meses del año. Las remesas también se han visto afectadas.
Antes del coronavirus, las aerolíneas comerciales ofrecían hasta diez vuelos diarios entre Miami y La Habana, todos llenos de personas con efectivo, pero ahora sólo un puñado de vuelos van a La Habana cada semana.
Además, la cosecha de azúcar de este año, una de las principales exportaciones de Cuba, fue la peor en más de un siglo.
Los cubanos ya no pueden comprar dólares de las casas de cambio controladas por el Estado en el aeropuerto.
Las empresas que producen alimentos en Cuba ganan solo pesos, que tienen poco valor internacional, pero deben comprar casi todos sus insumos en el exterior en una moneda extranjera. El gobierno requiere que los agricultores vendan su cosecha al Estado a precios poco competitivos e impone normas draconianas sobre el manejo de la ganadería.
