Señala que Netanyahu y su séquito se autoincriminan en acusación por genocidio
Las primeras audiencias en la Corte de La Haya comenzaron el jueves 11 de enero y continuarán el viernes 12. En la exposición inaugural Sudáfrica acusó a Israel de sostener un “patrón de conducta genocida” en la Franja de Gaza, el cual incluye “asesinatos en masa” y “desplazamientos forzados”.
En la prensa local se debate si Israel será puesto en la lista de Bosnia, Ruanda y la Alemania nazi porque sus altos funcionarios se han puesto la soga al cuello, al aportar pruebas con el discurso público de que lo que está haciendo su ejército en Gaza no es una operación en legítima defensa sino un genocidio o intento de genocidio.
En la misma reunión privada de gabinete de Gobierno, del martes 9, la fiscal general Gali Baharav-Miara sostuvo que dichos como esos “les dan base a quienes nos desean el mal, ya que van contra la legislación internacional y son interpretados como crímenes de guerra”.
En tanto, políticos y figuras mediáticas se reivindican o justifican en lo dicho, mientras que aquellos que están en contra del exterminio son acosados, como plantea la periodista Allison Kaplan Sommer.
En un artículo en el periódico Haaretz que titula “En Israel, a los políticos solo se les permite hablar del genocidio si lo apoyan”, informa que 70 diputados (de un total de 120) firmaron una petición para expulsar del parlamento al legislador izquierdista judío Ofer Cassif por manifestar su respaldo a la acusación contra Israel.
Los expertos señalan que el haber causado decenas de miles de muertos, desaparecidos y heridos en Gaza (que en conjunto, según el Monitor Euro-Mediterráneo de Derechos Humanos, en solo tres meses de guerra equivalen ya al 4 por ciento de la población), el desplazamiento del 90 por ciento de los gazatíes y la destrucción de la habitabilidad en el norte de la Franja, no constituyen evidencia suficiente de genocidio ante la ley internacional, porque no es cuestión de números, sino de demostrar la intención de destruir total o parcialmente a un grupo humano.
Israel se defiende alegando que sus actos están justificados por su derecho a la defensa propia, necesarios en su objetivo de erradicar a la milicia Hamás y no dirigidos contra la población civil, pues “estamos innovando en formas de defender el derecho internacional, incluidos los principios de proporcionalidad, precaución y distinción”, sostuvo el portavoz del gobierno israelí Eylon Levy.
Sin embargo, el punto débil de la narrativa del gobierno está dentro de él mismo. “El caso de genocidio de Gaza ante la CIJ tiene un aliado involuntario: políticos israelíes”, sostiene en un artículo en Haaretz el experto y diplomático israelí Alon Pinkas.
En el portal The Times of Israel, la académica Susie Blecher ilustró otro aspecto del ambiente público:
“En redes sociales, abundan los videos de soldados israelíes plantando banderas en las playas de Gaza, cantando sobre colonizarla, vandalizando hogares, tiendas y sitios religiosos, abusando de civiles y golpeando prisioneros”.
También con consecuencias del otro lado:
“Lo que es igualmente preocupante, es el daño que le están haciendo al estado mental del público israelí. La estrategia de defensa de Israel será demostrar que está haciendo todo lo posible para evitar daños a civiles inocentes, que con frecuencia permite la entrada de ayuda humanitaria a la Franja y únicamente actúa contra Hamás”,señaló el diario Haaretz en un editorial institucional.
Pero la forma más efectiva de impedir que se demuestre la intencionalidad de genocidio continúa el periódico, es “sacar del gobierno a quienes incitan a crímenes de guerra. Esta es la única manera de persuadir al mundo de que las ideas trastornadas que están difundiendo no reflejan la realidad. Esto debe hacerse con urgencia, antes de que provoquen que la posición de Israel se deteriore hasta convertirse en la de un criminal de guerra”.
