Por Francisco J. Siller
El fracaso de Morena en reunir el millón 600 mil firmas para enjuiciar a los expresidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña obliga a Andrés Manuel López Obrador a ser él quien solicite al senado que autorice la consulta popular, que de acuerdo a la ley se realizaría en el mes de agosto de 2021.
Sin embargo ello no garantiza que eso ocurra, pues tras la votación de los legisladores, el asunto tendrá que dirimir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que calificará si el asunto procede desde el punto de vista de nuestra Constitución.
Cabe recordar que los presidentes gozan de fuero durante sus mandatos y eso podría ser el principal obstáculo para que sean enjuiciados como pretende López Obrador que diluye su sed de venganza con ese sentimiento de “justicia popular” de ese pueblo sabio que lo sigue a ojos cerrados.
Además esta otro aspecto, el del retiro del fuero presidencial que de ninguna forma puede aplicarse de forma retroactiva, pues la Carta Magna lo prohibe, por lo que en el Congreso de la Unión no podrán maniobrar siquiera para llevar a los expresidentes a un juicio político.
El asunto no es tan simple como pedir que Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña sean enjuiciados. La petición a los legisladores tiene que ser puntual con acusaciones formales y perfectamente detalladas, pero sobre todo fincadas en bases legales, tipificadas por nuestras leyes.
López Obrador ya tiene un escrito que conoceremos en los próximos días y sabremos de que va a acusar a quienes lo antecedieron en el cargo en los últimos 30 años y que procede y que no, sobre todo porque en ese tiempo algunos de los posibles delitos ya habrán prescrito.
Lo que hasta ahora sabemos es que la intención de juzgar a Calderón y Peña se basa en las acusaciones de Emilio Lozoya, esa consulta puede estar lejos de convertirse en realidad, porque el exdirector de Pemex, primero tendría que probar sus dichos, que hasta ahora solo son “chismes” sin un sustento legal.
Que el “testigo colaborador” del gobierno acuse a los enemigos del lópezobradorismo para evitar la cárcel no es suficiente para un juicio público como pretende el presidente en su fallida cruzada contra la corrupción, porque se requiere de pruebas documentales, inexistentes en estos momentos.
Más parece que esta consulta tiene un sentido meramente electoral, buscando desacreditar a personajes y partidos políticos para evitar los contrapesos y el posible avance de la oposición en los comicios intermedios del próximo año. Mantener a sus enemigos moralmente derrotados.
Además será interesante conocer de qué se va a acusar a Salinas, a Zedillo y a Fox para sentarlos en el banquillo de los acusados para que respondan a hechos cometidos durante sus mandatos y que según López Obrador sean constitutivos de delitos del fuero común o federal, según sea el caso.
Sin embargo, el análisis de este tema cobra interés por otros aspectos: La imposibilidad de Morena de reunir las firmas necesarias para solicitar la consulta, por más esfuerzos y gente interesada, ya sea recabando firmas u ofreciéndolas para dar gusto al deseo presidencial.
De acuerdo a López Obrador, solo se han conseguido 800 mil firmas de ciudadanos, que representan algo así como el .08 por ciento del total de mexicanos. Los recolectores han ido a los confines de México y a algunas ciudades del vecino país, sin mayor éxito.
¿Esto qué quiere decir? Que entre los mexicanos no hay interés en juzgar a los presidentes del pasado. ¿Es que existe un sentimiento de que tiempos pasados fueron mejores? ¿Qué ya se están fincando las diferencias entre lo vivido y lo que propone la Cuarta Transformación?
Salinas nos puso a las puertas del primer mundo y nos dio el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y en su sexenio México progresó en su macroeconomía. Además implementó el Programa Nacional de Solidaridad. Sin embargo, privatizó numerosas empresas paraestatales, que en su concepto significaban una carga para el erario, más que un beneficio.
De Zedillo que decir, pues tras el llamado “error de diciembre”, logró una recuperación del empleo y una sana administración de la economía mexicana. Mantuvo una estabilidad económica que favoreció al sexenio foxista que gozó de relativa estabilidad.
También fue de alguna forma el artífice de un cambio político en México, pues dio los primeros pasos para sentar una democracia real en el país. Permitió el avance de la oposición en gobierno estatales, en el Congreso de la Unión y favoreció el cambio de régimen en el 2000.
Por su parte, Vicente Fox —el primer presidente no priísta en 70 años— mantuvo el crecimiento económico durante su administración y logró la reducción de la tasa de pobreza del 43.7% en 2000 al 35.6% en 2006. Implementó becas a estudiantes de escasos recursos de nivel maternal, preescolar, primaria y secundaria y el apoyo económico a familias marginadas.
Respecto a Felipe Calderón, habría que destacar que tras la caída de 4.7 por ciento del PIB tras la pandemia del 2009, logró recuperar la economía al crecer en 2010 a un ritmo del 5.11 por ciento, además de contabilizar durante su mandato de 70,494 millones de dólares de inversión extranjera directa.
Además para salvar la economía nacional aplicó en 2009 un paquete anticíclico que afectó el nivel de la deuda externa, pero impidió una caída estrepitosa de la tasa de pobreza, que solo aumentó un tres por ciento. También implementó el seguro popular autorizado por el gobierno de Fox
De Enrique Peña Nieto no hay mucho que decir además que fue impulsor de las reformas estructurales, aún cuando el crecimiento de la economía de México durante su administración fue la de mayor expansión desde la presidencia de Ernesto Zedillo (3.26), pues superó al logrado por Fox y Calderón con un 2.4 anual.
A López Obrador le disgustan las comparaciones, pero es evidente que la situación económica de los mexicanos fue mejor en tiempos del PRI y del PAN que la que su gobierno nos ha dado y no es por efecto de la pandemia, sino de esos errores —uno tras otro— comenzados con el Aeropuerto de Texcoco.
El crecimiento negativo de 2019, la desconfianza de los inversionistas, el aborrecimiento a los empresarios y el cúmulo de ocurrencias, nos colocan en una situación difícil, que para los analistas —nacionales y extranjeros— colocan al país al borde de un sexenio fallido.
Y es que al presidente Andrés Manuel López Obrador le falta disposición al diálogo para convertirse en el gran estadista con el que sueña ser. No ve lo que no quiere ver, no escucha lo que no quiere oír, solo habla de lo que a él le interesa. No abandona su postura del blanco y negro, sin media tintas.
Es el genio de la antífrasis —figura retórica de pensamiento que consiste en afirmar lo contrario de lo que se quiere decir—, experto en confundir la verdad con la utopía de un México que solo esta en sus sueños.
