La Secretaría de la Defensa Nacional, se posicionó en 2019 en contra de la ley para transferir tareas de Seguridad Publica a las fuerzas armadas
Ciudad de México, 03 de noviembre de 2022. – Tras el hackeo, los documentos filtrados por Guacamaya Leaks, revelan que Sedena tuvo una postura en contra de la “Ley para la Disposición de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública”
Con el argumento de que la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública es una inminente violación a los derechos humanos, considerado así en los tratados internacionales de los cuales México es parte, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) expuso su postura contra de una reforma presentada en abril de 2019, por la senadora priista Claudia Edith Anaya Mota.
La posición institucional del ejército mexicano –confirmada por la Unidad de Asuntos Jurídicos en agosto de 2019– surgió a petición de la Secretaría de Gobernación (Segob), ello a través del Sistema de Automatización de Opiniones (SAO).
Sin embargo, en septiembre, el Congreso de la Unión aprobó la reforma para dar al ejército mexicano el control de la Guardia Nacional; y un mes después avaló hasta 2028 la estancia en las calles de las fuerzas armadas. Ambas incitivas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y apoyado por el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval.
En la Constitución mexicana se plasma que la seguridad nacional es una función del Estado, y se define como la condición necesaria para garantizar la prevalencia de la integridad territorial, soberanía, independencia y estabilidad política, social y económica.
Mientras, la seguridad pública es responsabilidad de las entidades federativas y tiene como fin salvaguardar los derechos de las personas y preservar sus libertades, así como mantener el orden y la paz en la ciudadanía.
La iniciativa de la senadora priista en 2019 conlleva el empleo de gran número de personal, vehículos, material y armamento, argumenta la Sedena, porque implica la utilización continua de la fuerza armada permanente, lo cual genera la erogación de cuantiosos recursos económicos. También trae consigo “consecuencias legales o jurídicas que se generan por las quejas y demandas de las organizaciones nacionales e internacionales de protección a los derechos humanos”, Expone la SEDENA en documento
