Jazmín Calva, señaló que con esta iniciativa se busca dar pasos firmes en favor de los derechos fundamentales de las niñas, niños, adolescente y mujeres
Hidalgo.- Las diputadas locales Jazmín Calva López y Areli Rubí Miranda Ayala sometieron a consideración del Pleno de la Diputación Permanente del Congreso del estado una iniciativa que adiciona el Artículo 161 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo con el objetivo de inhibir que quienes sean agresores por violencia familiar, sexual y en contra de las mujeres en cualquiera de sus modalidades, o por incumplimiento de obligaciones alimentarias, ingresen al servicio público o permanezcan en él.
Jazmín Calva, señaló que con esta iniciativa se busca dar pasos firmes en favor de los derechos fundamentales de las niñas, niños, adolescente y mujeres, del mejoramiento de la administración pública y que las mujeres y hombres que aspiren tener una responsabilidad pública sean personas aptas y honestas, para así cumplir con la idea ética y el espíritu ético del gobierno que la sociedad espera.
“El Poder Judicial del Estado como Poder independiente tiene la potestad de garantizar la administración de justicia según la legislación vigente, es decir, sus determinaciones no solo afectan a los otros Poderes del Estado sino primordialmente a la sociedad civil”, aseguró.
La diputada local, explicó que los servidores públicos que desempeñan sus funciones en los órganos jurisdiccionales, administrativos, no jurisdiccionales y en los auxiliares de la impartición de justicia, al tener la potestad de imponer sus juicios sobre la sociedad, deben cumplir con un determinado perfil y gozar de buena reputación, tal es así, que, para aspirar a diversos cargos jurisdiccionales o administrativos, es requisito indispensable tener buena reputación.
La legisladora mencionó que los artículos 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 149 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, expresan conceptos semejantes al referirse a los servidores públicos, estableciendo en términos generales que un servidor público son los “funcionarios y empleados, y, en general toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Municipal, Estatal o Federal.
“Es por ello, que dependiendo el tipo de encargo empleo o comisión los funcionarios deben de cumplir con perfiles y requisitos para desempeñarlos, para que una vez satisfechos estos, se generen derechos y obligaciones entre el Estado y los servidores que desempeñan un servicio público, el servidor público debe cumplir con requisitos siempre y cuando estos no sean considerados discriminatorios, por ende sus servidores públicos deben de tener mayores estándares al momento de ser seleccionados, para cumplir con el ideal que el ciudadano desea de sus representantes”, dijo.
Jazmín Calva, afirmó que esta iniciativa pretende reformar cuerpos normativos como la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, con el objetivo de contar con un marco jurídico que dé paso a un instrumento institucional para que todas las personas que aspiren a ocupar un cargo de elección, de designación o de concurso, cumplan con los requisitos de no ser deudora o deudor Alimentario Moroso, salvo que acredite estar al corriente del pago, cancele esa deuda, o bien, tramite el descuento correspondiente.
Además, no estar condenada o condenado por delitos de acoso sexual o abuso sexual y delitos de violencia de género, y no estar condenada o condenado por el delito de violencia familiar.
Asimismo, manifestó que se considera que las personas agresoras no están en condiciones de accionar para prevenir, combatir y sancionar la violencia.
