El municipio de Singuilucan podría acumular pasivos por hasta 80 millones de pesos; investigan presunto peculado y malversación de recursos en administraciones pasadas
El municipio de Singuilucan, Hidalgo, atraviesa una crisis financiera y legal sin precedentes tras la ejecución de un embargo por 21 millones 408 mil pesos en favor de 24 extrabajadores, como parte de una resolución del Tribunal de Arbitraje del Estado, derivada de juicios laborales por indemnizaciones y prestaciones no cubiertas.
A esta situación se suman dos laudos más, por un monto cercano a 4 millones de pesos, así como 70 juicios laborales pendientes, lo que podría elevar los pasivos laborales a 30 millones de pesos, según información oficial del Ayuntamiento.
Durante una mesa de trabajo realizada en la Sala de Expresidentes de la Presidencia Municipal, el equipo jurídico del municipio, encabezado por Yazmín Dávila, revisó el procedimiento legal relacionado con uno de los cinco juicios laborales más importantes que enfrenta el gobierno local.
La presidenta municipal Yazmín Dávila López dijo que esta problemática fue heredada por administraciones anteriores que no acataron las resoluciones laborales a tiempo.
“Esto ha puesto a Singuilucan en una situación muy compleja, tanto legal como financieramente. Hemos logrado acuerdos en dos de los cinco laudos, pero aún quedan pendientes uno por 1.7 millones de pesos, que incluye la reinstalación del trabajador, y otro por 2.045 millones de pesos”, explicó Dávila López.
Además de los conflictos laborales, el municipio enfrenta otros pasivos críticos que podrían elevar la deuda hasta 80 millones de pesos, entre ellos:
Adeudos por ISR retenido a trabajadores por 14.1 millones de pesos
Cheques cobrados por 21 millones de pesos a nombre del expresidente Marcos Miguel Taboada, sin documentación justificativa
Recursos operados sin presupuesto por 142 millones de pesos
Por estos hechos, se han iniciado carpetas de investigación ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, bajo los expedientes 12-2025-02725 y 12-2025-02726, por los presuntos delitos de peculado y malversación de recursos públicos.
La alcaldesa Yazmín Dávila dejó en claro que su administración no tolerará actos de corrupción ni impunidad. “Si hubo responsables que hicieron mal uso del dinero, deberán enfrentar las consecuencias conforme a la ley. Estaremos al pendiente de cualquier auditoría o investigación”, advirtió.
Esta crisis ha puesto a Singuilucan en el centro del debate sobre la rendición de cuentas y la urgencia de una reestructuración financiera y legal que garantice justicia laboral, transparencia y sostenibilidad administrativa para el municipio.
