El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que hubo violaciones graves al procedimiento legislativo al no publicar la iniciativa de ley que se aprobó con 24 horas de anticipación
Por unanimidad los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararon, con nueve votos a favor, invalidar la primera parte del plan B de la reforma electoral.
Las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz votaron en contra de la declaración de la invalidez.
Votaron a favor de la declaración de la invalidez de la primera parte del Plan B Los ministros Alberto Pérez Dayán, Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar, Arturo Zaldívar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Laynez y Norma Lucía Piña votaron.
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la solicitud de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal de impedir al ministro Alberto Pérez Dayán de votar en la acción de inconstitucionalidad de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como el plan B, por una falta de imparcialidad.
Se declararon fundadas siete acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos políticos y minorías parlamentarias en contra de los cambios legislativos al Plan B de la reforma electoral.
La ministra Presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, advirtió que no se respetó la obligación de publicar la iniciativa de ley con la debida anticipación de 24 horas, ya que solo transcurrió una hora entre su publicación y su aprobación, lo que a su vez se tradujo en que la mayoría de los legisladores tenían conocimiento de la iniciativa de ley.
A unas horas de que la SCJN discutiera el proyecto que invalida la primera parte del Plan B en materia electoral, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal advirtió que, en caso de invalidarlo, el Máximo Tribunal estaría sustituyendo al Congreso de la Unión.
A través de un comunicado, la Consejería acusó que el proyecto de sentencia del ministro Alberto Pérez Dayán privilegia los formalismos por encima “de la verdadera justicia de fondo”, con lo que se viola el artículo 17 constitucional.
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