Se realizaron 26 foros en los que participaron 137 ponentes en alrededor de 57 horas de trabajo. En este último foro se analizó eliminar los OPLES y tribunales locales
Ciudad de México, 26 de agosto de 2022.- Durante el último foro del Parlamento Abierto para la Reforma Electoral, organizado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), las y los legisladores, expertos y funcionarios dialogaron respecto a la eliminación de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y de los tribunales locales.
A lo largo de un mes se realizaron 26 foros en los que participaron 137 ponentes en alrededor de 57 horas de trabajo, aportando información sobre el sistema electoral que servirá para el análisis en torno a las 42 iniciativas que se han presentado en la materia.
La presidenta de la Comisión de Reforma Política-Electoral, Graciela Sánchez Ortiz señaló que se defiende con vehemencia a los OPLES, pero “no escuchamos autocríticas; la democracia no la construyen los organismos y menos sus representantes”.
La legisladora morenista inquirió si es posible desaparecer gradualmente los OPLES y los tribunales locales en función de su desempeño y carga de trabajo y, en su caso, instaurar procesos temporales administrativos y jurisdiccionales.
El diputado Leonel Godoy Rangel también de Morena, consideró pertinente una reforma electoral, desde el punto de vista de la temporalidad.
El diputado Benjamín Robles Montoya refirió a la forma de contrapesos constitucionales que la 65 Legislatura deba seguir para nombrar funcionarios electorales, consejeros y magistrados; si debe quedar en la facultad de los congresos la designación del único magistrado o magistrada del tribunal unitario electoral y cuál es la importancia de establecer un tribunal electoral indígena en Oaxaca.
La diputada Blanca Alcalá Ruiz, del PRI dijo que en un país federalista es fundamental escuchar los planteamientos de los actores electorales locales.
Consejeros, magistrados electorales y especialistas
Raymundo Wilfrido López Vásquez, magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, advirtió que los tribunales electorales estatales, integrados por cinco magistrados, en algunos casos únicamente conocen alrededor de seis juicios, por lo que son sostenidos sin prestar un servicio a la comunidad.
Pidió no olvidar en estos debates a los pueblos y comunidades indígenas, así como crear un tribunal indígena para su entidad, además de fortalecer la Dirección de Sistemas Normativos Indígenas.
Precisó que Oaxaca tiene más de 10 comunidades indígenas que eligen a sus comunidades por usos y costumbres, sin necesidad de intervención o validación por parte del Consejo General de un Instituto Electoral, por lo que sería una violación a la autonomía de los pueblos indígenas y a su derecho a autogobernarse.
Brenda Canchola Elizarraraz, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, resaltó el lado humano de los tribunales electorales.
Aclaró que los organismos electorales locales no tienen atribución de hacer propuestas, pero sí aportar los datos reales acerca de sus actividades, además de que pueden detectar áreas de oportunidad. Destacó que una de las cosas más caras son las boletas para votar, por lo que podría explorarse la opción de las urnas electrónicas. Agregó que cada entidad tiene realidades completamente distintas, pero se pueden valorar aspectos generales.
La consejera presidenta del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro, Grisel Muñiz Rodríguez, apuntó que los OPLES garantizan desde lo local el avance de la democracia y el ejercicio de los derechos políticos-electorales.
Planteó que esta reforma debe apostar por salvaguardar la paridad, la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad, la eficacia, la objetividad, el profesionalismo, la máxima publicidad y la austeridad institucional, sin detrimento en la calidad de las elecciones ni de la educación cívica.
Paula Ramírez Höhne, consejera presidenta del Instituto Electoral de Participación de Jalisco, dijo que la iniciativa presentada es una fórmula para que los estados dejen de administrar y organizar sus elecciones, que carezcan de autoridades jurisdiccionales y renuncien a sus facultades de determinar la dimensión de sus congresos, la composición básica de sus ayuntamientos y organizar su régimen interior, como lo señala la Constitución. Consideró que no es conveniente extinguir autoridades electorales locales administrativas y judiciales.
Añadió que los OPLES han analizado las iniciativas en esta materia desde los principios fundadores de la República para dar datos de la realidad que viven las entidades y que, en los últimos ocho años, han hecho posible la elección de 55 mil 336 cargos de elección popular, 55 gubernaturas, tres mil 296 diputaciones locales y casi seis mil presidencias municipales.
El abogado especialista, Eric Guerrero Luna, dijo que se debe centrar la discusión en la organización electoral y garantizar la equidad de la contienda de los participantes. Expresó que es necesario cambiar el marco legal y la visión de los procesos electorales para generar una democracia que dé certeza jurídica a los actores y a los procesos electorales.
