El gobierno que releve en octubre de 2024 al que encabeza Andrés Manuel López Obrador, incluso si surge del denominado Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) pues, como muchos dan por hecho de frente a una oposición que recién comienza a desperezarse, o incluso si ésta diera una gigantesca sorpresa y se hiciera de la presidencia -en política nunca nada está escrito para siempre-, tendrá que emprender, sin demoras, con astucia, inteligencia y contundencia, la enorme tarea de contener el crimen en México, ya en etapa de metástasis.
Sin exageración alguna, será, ya lo es, la primera urgencia nacional. Hay otras, claro, pero ninguna como la que una inmensa mayoría de mexicanos evaluamos la más importante, y aun urgente tras el desastre a la vista.
El nuevo gobierno, el mismo que se está cocinando en los predios de Morena y aún de los otros partidos políticos, no tendrá ya el pretexto o argumento, ambos muy redituables hasta ahora, que ha utilizado el actual para justificar y acallar el rotundo fracaso que heredará en esta materia crítica, vital, de la gobernanza del país, y que sufren millones de mexicano con una frecuencia cotidiana.
Hasta ahora y pese a las cifras de espanto que arroja la política de “abrazos y no balazos”, una iniciativa más insólita que eficaz conforme a los resultados, la administración en curso, ya en el ocaso, ha podido paliar en cierto grado los reclamos de una sociedad bajo el asedio absoluto del crimen con el “argumento” de que fueron los gobiernos que lo precedieron los responsables y culpables del elevado índice criminal en México. Pero este “argumento” ya se desgastó y hoy luce inútil para explicar que, al cabo de prácticamente cinco años de gestión, no haya avances concretos en materia de seguridad pública.
El próximo gobierno carecerá ya de argumento alguno ni tiempo para exponerlo a fin de culpar a los otros del auge criminal en México, salvo que surja de la oposición, y aún en ese caso será poco o nada útil ante el tamaño del fenómeno. Mucho menos si el que asuma el mando del poder ejecutivo del país surge de la misma matriz de Morena y estuviera dispuesto a pronunciar un mea culpa, algo improbable a la luz de la ausencia hasta ahora de cualquier autocrítica, por mínima que pudiera ser.
Así que el gobierno que siga estará obligado y tendrá que decir adiós a los argumentos, pretextos, excusas, falacias y aun demagogia en materia de seguridad pública en México. No habrá manera, y menos aún ante un eventual empeoramiento, que siempre es posible en una situación de crisis como la vigente, de los índices criminales.
En un informe, fruto de una investigación de más de seis meses, que incluye datos del gobierno federal y las fiscalías estatales, así como la consulta de fuentes abiertas y la revisión de documentos hackeados a la Sedena por el colectivo Guacamaya, la firma AC Consultores, aporta datos escalofriantes sobre el auge criminal en México.
Las conclusiones del estudio, difundidas recientemente por el diario El Universal, hacen ver el fracaso cuatroteísta en el cumplimiento de la primera obligación de todo gobierno en cualquier país del mundo, a saber: garantizar la seguridad física y patrimonial de los gobernados, sin lo cual, ningún país puede vivir en paz y mucho menos avanzar o consolidar áreas sustantivas de su desarrollo.
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El estudio de referencia destaca que el 81 por ciento del territorio mexicano representa un riesgo potencial para los 108 millones de personas que lo habitan u ocupan.
Estas cifras rebasan con mucho las que aportó en marzo de 2021 el jefe del Comando Norte de Estados Unidos, general Glen VanHerck, quien consideró que los cárteles del crimen organizado transnacional operan en alrededor del 30 al 35 por ciento del territorio mexicano, “en áreas que son con frecuencia ingobernables”, causando muchos de los problemas que está enfrentando la Unión Americana en la frontera con México.
VanHerck dijo esto en El Pentágono a periodistas hace más de dos años luego de comparecer ante el Comité de Servicios Armados del Senado. El gobierno de México, claro, desestimó entonces los señalamientos del alto jefe castrense del Comando Norte, responsable de la defensa del territorio de Estados Unidos, apoyo a autoridades civiles y cooperación en seguridad regional con Canadá, México y las Bahamas.
Pero pasados más de dos años desde las advertencias del jefe castrense estadounidense, las cifras derivadas del incontenible accionar de los grupos criminales en México, sólo han empeorado y mucho.
Así, se ha multiplicado el número de ejecuciones, masacres, extorsiones, secuestros, amenazas y aún el asesinato de policías, políticos y funcionarios. Estos hechos están detectados en mil 488 de los 2 mil 471 municipios que hay en el país, según el informe aludido.
Las organizaciones delictivas con mayor presencia son el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. El primero opera en 28 estados; el segundo, en 24.
De igual forma, está detectada la presencia del Cártel del Golfo en 10 entidades; del Cártel del Noreste, en ocho; de La Familia Michoacana, en siete, y de Los Zetas, en seis.
Se suma la presencia y operación de Los Templarios, en cinco estados; de Los Chapitos, en cuatro. Organizaciones, consideradas “menores”, pero que también aportan su cuota de violencia y crimen, como los Beltrán Leyva, el Cártel de Caborca, Los Talibanes, Los Rojos, Los Salazar y Los Viagras actúan cada una en tres estados.
En los primeros 12 días de este mes de junio, el país se sacudió con imágenes de sangre procedentes de todos los rincones de México. Se trató de asesinatos y masacres ocurridos en lugares tan distantes entre sí como lo son Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Morelos, Tamaulipas, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Sonora, Zacatecas y Querétaro.
En el periodo referido, se registraron 971 homicidios dolosos: un promedio de 80.9 diarios, que se añade a la cifra de más de 158 mil muertes violentas ocurridas a lo largo del sexenio de turno, que ha registrado y aún tolerado la peor crisis de criminalidad desde que el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) puso en marcha una campaña contra el crimen organizado y el narcotráfico.
Pero si el gobierno de Calderón, lo mismo que el de Enrique Peña (2012-2018), fracasaron en el intento de contener la criminalidad en México, el actual les dijo para citar una frase coloquial: “quítate que ya te voy”, a juzgar por las cifras de espanto que se acumulan, los rebasan y las que aún faltan en los 15 meses que restan a este sexenio.
Así que, como decían los de antes: “sin excusa ni pretexto”, hay que poner un alto a las gravísimas cifras criminales que registra el país y que imponen un flagelo inmisericorde a millones de personas en nuestro país.
Dicho de nueva cuenta, sin exagerar, en esto va el futuro de México.
