Por Marco Moreno
Greenpeace México declaró que, tras ocho años de lucha, en la cual participan diversas organizaciones, es de celebrar la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al pronunciarse las por “ratificar la medida precautoria para mantener la suspensión de siembra de maíz genéticamente modificado (GM) ordenada por diez Tribunales Federales”.
Greenpeace ha participado al lado de otras organizaciones en la campaña “Sin maíz, no hay país”, a través de la cual buscaron detener el uso de maíz transgénico en la agricultura mexicana al ser México el centro de origen del maíz y considerar que se pone en riesgo las variedades existentes en el país.
La organización multinacional, aseguro a los medios la importancia de “esta decisión tomada por la SCJN va en concordancia con el decreto presidencial del 31 de diciembre del 2020 que prohíbe el cultivo y consumo de maíz transgénico”.
Además, reconoció que esta, fortalece la política pública que pretende la sustitución progresiva del glifosato para su eliminación total en 2024 adoptada por el gobierno mexicano.
La organización ambientalista destacó que “al mantener la medida precautoria se protege el medio ambiente, la salud de las personas, la biodiversidad y la gran diversidad de maíces nativos”.
“Esperamos que este sea un claro mensaje para quienes pretenden evadir con amparos el cumplimiento del decreto presidencial que prohíbe definitivamente la siembra de maíz transgénico y el uso de glifosato para el 2024” aseguro Greenpeace en un boletín distribuido a los medios.
Sobre el Glifosato, la organización aseguró que a tan sólo nueve meses “que el gobierno mexicano publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que marca la prohibición progresiva del glifosato (…) esta medida está enfrentado una ola de 26 amparos, principalmente promovidos por la agroindustria”
Defendieron el decreto emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador al afirmar que las normas de medio ambiente y por supuesto el decreto está enmarcado en el derecho internacional que debe ser aplicado según lo dispone la constitución”.
Greenpeace explica que las medidas adoptadas por el ejecutivo federal han sido certeras y adecuadas pues “la normatividad de los tratados de comercio, y en forma concreta el T-MEC, ha reconocido también la facultad del Estado mexicano para dictar normas en materia de medio ambiente” concluye en el boletín.
