Castigo a quien obligue a menores a establecer unión equiparable al matrimonio

Castigo a quien obligue a menores a establecer unión equiparable al matrimonio

Por este delito se impondrá pena de ocho a 15 años de prisión, y una sanción económica que va de mil a dos mil 500 días multa, detalle proyecto

 

Las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, en el Senado de la Republica respaldan una minuta que reforma el Código Penal Federal, a fin de establecer un tipo penal autónomo que sancione a las personas que obliguen a una persona menor de edad a cohabitar con otra.

En el dictamen se destaca la importancia de establecer como delito una nueva conducta que sancione la manipulación de menores «para adoptar un estilo de vida idéntico al del matrimonio, sin que se verifique una unión o formalización jurídica».

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Establece que se comete el delito de cohabitación forzada de personas menores de 18 años, por quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a una o varias de estas personas a unirse informal o consuetudinariamente, con o sin su consentimiento, con alguien de su misma condición o con una persona mayor de 18 años, con el fin de convivir en forma constante y equiparable a la de un matrimonio.

Al responsable de este delito, agrega, se le impondrá pena de ocho a 15 años de prisión y una sanción económica que va de mil a dos mil 500 días multa. Dicha pena aumentará hasta en una mitad, en su mínimo y en su máximo, si la víctima perteneciere a algún pueblo o comunidad indígena o afromexicana.

En el documento, las y los senadores exponen que el matrimonio infantil es una violación de los derechos humanos de niñas niños y adolescentes, ya que se les obliga o manipula para adoptar un modo de vida idéntico al de un matrimonio, sin que se contraiga un vínculo jurídico formal entre ella y otra persona, frecuentemente adulta.

Por este delito se impondrá pena de ocho a 15 años de prisión, y una sanción económica que va de mil a dos mil 500 días multa, detalle proyecto

La senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia, consideró que se trata de un gran paso para proteger a las niñas que viven en comunidades indígenas, de la zona de la montaña de Guerrero y de otras partes de país que son obligadas a estas uniones o matrimonios forzados.

De Morena, el senador José Narro Céspedes destacó que se trata de un tema que continúa presente en las regiones marginadas, principalmente en las poblaciones indígenas y afromexicanas; por ello, consideró que estos cambios son necesarios para contribuir a una vida sana para menores de edad.

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