Este jueves se llevó a cabo le sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), en el que se presentó el estudio denominado “Claroscuros, informe de género 2023”, en el que se analizaron los actos de Violencia Política de Género cometidos en las elecciones a la gubernatura en diversas entidades celebradas en 2022.
Verónica Jiménez
Carolina Viggiano Austria, quien fuera candidata al Gobierno de Hidalgo, por la coalición PRI, PAN y PRD, fue la más violentada del proceso, lo que afectó su integridad como persona y candidata, señala un informe que presentó el Instituto Nacional Electoral (INE).
De acuerdo con el estudio “Claroscuros Informe de Género 2023”, la diferencia entre los candidatos punteros era de 4 puntos, y se observa como la diferencia se ensanchó, por la campaña de desprestigio, violencia y ataques en perjuicio de Viggiano Austria.
Al respecto, el diputado federal priista, Marco Antonio Mendoza Bustamante, en su calidad de Consejero Electoral del Poder Legislativo destacó que el estudio enfatiza que 1 de 4 actos de Violencia Política fue en contra de Viggiano y que la oposición gastó cinco veces más espacios en medios de comunicación para difamar a la aspirante de la alianza Va por México.
El legislador hidalguense señaló que la realidad es que aunque se acreditó la violencia no pasará nada y en Hidalgo se retrocederá en los avances en favor de las mujeres porque hoy existe alternancia en las candidaturas.
Lo peor es que Movimiento Regeneración Nacional (Morena), presentó una iniciativa para mandar a una mujer a competir en una gubernatura de dos años y tras ese pequeño periodo será un hombre quien compita nuevamente por 6 años, limitando evidentemente el ejercicio del derecho de las mujeres de gobernar.
El legislador destacó que el hallazgo más importante del Instituto Nacional Electoral en este informe es la confirmación de que sí existió una estrategia nacional para violentar políticamente a Carolina Viggiano y desprestigiarla por su género.
Ante ello, Marco Mendoza, pidió reforzar los esfuerzos para que la defensa de sus derechos no solo quede en discursos si no que se traduzcan en acciones y sanciones contundentes, hasta lograr que la participación de la mujer en la política mexicana sea un derecho y no un privilegio.
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