Avances para tipificar ataques con ácido como una forma de violencia contra mujeres

SENADO

La propuesta busca actualizar la legislación para calificarlo como delito de violencia contra las mujeres

 

Ciudad de México, 25 de febrero de 2022.- Las comisiones unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, aprobaron un proyecto de decreto, para que se reconozcan en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, los ataques con ácido en contra de las mujeres, como una forma de violencia física.

Estos órganos legislativos presididos por las senadoras Martha Lucía Micher Camarena y Ana Lilia Rivera Rivera, buscan visibilizar la gravedad de este tipo de violencia en contra de las mujeres, así como dar a las víctimas las herramientas jurídicas que les permitan ejercer su derecho a la justicia y ser sujetas a la reparación de los daños correspondientes.

El documento refiere que es necesario actualizar dicha legislación, debido a que aún no considera como violencia contra las mujeres este tipo de ataques.

Por ello las reformas plantean que se establezca como violencia física los ataques con ácido, sustancias corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas o inflamables o cualquier otra sustancia que, en determinadas condiciones, pueda provocar o no lesiones, ya sean internas, externas, o ambas.

El proyecto de dictamen considera que la violencia de género, a través de ataques con ácido, son una forma extrema de violencia contra las mujeres que pretende marcar su cuerpo y prolongar el dolor de éstas, el cual puede incluso provocarles la muerte.

En México la última década, 2010 hasta 2020, se han cometido nueve ataques de este tipo, y a pesar de esto, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia aún no lo regula ni lo considera como violencia contra las mujeres, a pesar de que tiene el objetivo de dañar físicamente a la víctima desfigurándola, lisiándola, cegándola o privándola de su vida.

Dicho delito, agrega la propuesta, no es atendido de forma adecuada, no solo para sancionar a las personas responsables, sino también para prevenir y garantizar las acciones para la restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición.

En la misma reunión de trabajo, las y los senadores, también aprobaron establecer en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que la Federación, estados y municipios instauren modelos de atención, prevención y sanción, que permitan la protección de las víctimas de violencia familiar.

Para ello, se plantea instaurar procedimientos que promuevan la atención oportuna y eficaz de las víctimas por medios digitales o remotos, preservando en todo momento su seguridad, confidencialidad y protección de sus datos personales.

El dictamen precisa que es indispensable que todas las entidades federativas cuenten con los medios digitales para atención a víctimas de delitos, especialmente las mujeres víctimas de violencia familiar, las cuales tienen realidades diferentes, por las que pueden verse frente a mayores dificultades para denunciar a la persona agresora.

Asimismo, las y los integrantes de las comisiones avalaron reformar la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a efecto de que las autoridades tengan la responsabilidad de diseñar políticas y programas de desarrollo empresarial, industrial y comercial en favor del empoderamiento igualitario.

Posteriormente, en el apartado de asuntos generales, la senadora Martha Lucía Micher Camarena se pronunció en contra de las declaraciones hechas por el comunicador “Chumel Torres”, en contra de la senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena.

Burlarse públicamente de ella y de su derecho a una vida libre de violencia, nos agravia a todas, por lo que haré un llamado a la Secretaría de Gobernación, para que no expida permisos a empresas que denotan y atentan contra la dignidad, expresó.

La senadora de Morena, Bertha Alicia Caraveo Camarena manifestó que fue víctima de insultos y de violencia política de género, por lo que presentará en las instancias correspondientes una denuncia en contra de la persona que hizo los comentarios en un medio público.