El documento establece las directrices para que las personas que laboran en el INE sepan atender una queja, canalizarla y saber cuándo se configura un delito
Ciudad de México, 8 de marzo de 2022.- El Protocolo del Instituto Nacional Electoral (INE) para la atención a víctimas y la elaboración del análisis de riesgo en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, brinda a la ciudadanía y a las mujeres víctimas de violencia directrices claras que guíen la actuación del personal público responsable de conocer este tipo de casos, desde el momento en que se presente la queja y con el fin de evitar su revictimización.
“Lo que estamos buscando es que cuando llegue una persona a presentar una queja cada una de las personas que laboramos en el INE sepamos cómo atenderla y canalizarla a la unidad adecuada, pero también saber qué hacer cuando se esté ante casos que pueden o pudieran ser constitutivos de delito”, estableció la Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, Norma De la Cruz Magaña.
Al presentar el Protocolo en el marco del Foro nacional con autoridades electorales, jurisdiccionales y legislativas locales para el análisis de los resultados del proceso electoral 2020-2021 en materia de paridad de género, violencia política contra las mujeres en razón de género e inclusión, desde una mirada prospectiva hacia los próximos comicios locales, agregó que el documento también establece las acciones para los casos en los que el Instituto no sea competente.
“Aunque no seamos competentes, detectamos que hay una urgencia de dictar medidas cautelas, nos da la guía de cómo realizar este análisis de riesgo, cómo se aplican los cuestionarios, cómo podemos leerlos, qué medidas de protección se tienen que hacer, se hace un énfasis en informar a las víctimas de sus derechos y de las posibilidades de cómo hacer un mejor ejercicio de ellos”, puntualizó la consejera De la Cruz.
El director de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, Carlos Ferrer Silva, precisó que el Instituto Nacional Electoral no es una autoridad que pueda conocer, atender y remediar toda la violencia en todas sus dimensiones, pero sí debe canalizar a las instituciones y entes competentes para que las mujeres sean atendidas de manera adecuada y oportuna.
El protocolo se desarrolló, añadió, porque en la ley no venía expresamente la atención y se elaboró un instrumento que guíe desde la presentación de la queja, hasta el final, es decir, de la A a la Z.
Explicó que al Protocolo lo integran los siguientes procedimientos: Atención de primer contacto a mujeres víctimas de violencia política en razón de género; análisis de riesgo; medidas de protección y un plan de seguridad.
“La atención de primer contacto con las víctimas supone que el personal esté calificado o que tenga elementos mínimos básicos para poder atender a las mujeres, es decir, el personal debe estar en condiciones de detectar alguna situación urgente de la mujer víctima de violencia, que puede ser médica, psicológica, de seguridad o cualquier otra que ponga en riesgo su integridad, seguridad o vida”.
Mencionó que el análisis de riesgo significa que se va a hacer un estudio para determinar cuál es el grado de seguridad, es decir, “el riesgo de que se repitan, aumenten, continúen conductas violentas en contra de la víctima por parte de la persona agresora”.
Las medidas de protección permanecen hasta que se resuelve el asunto, dijo, y son las custodias personal, domiciliaria, protección policial, prohibición de que la persona agresora se acerque al domicilio, o lugar de trabajo, se comunique, intimide, moleste o agreda a la víctima y que haya resguardo de armas de fuego u objetos utilizados para amenazar o agredir.
Y finalmente, el plan de seguridad, “no es una medida entendida exclusivamente de manera policiaca que en cuyo caso no correspondería al Instituto Nacional Electoral, lo que sí es, es una serie de estrategias para salvaguardar la seguridad de la víctima que tiene como finalidad prevenir y mitigar riesgos futuros”.
En su intervención, la titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, Laura Liselotte Correa de la Torre, sostuvo que la violencia contra las mujeres constituye uno de los principales problemas públicos de alcance global, que restringe los derechos primigenios de respeto a la vida y dignidad y el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia.
“El Protocolo y las herramientas de trabajo que lo integran constituyen recursos para fortalecer la respuesta del INE con el propósito de establecer ejes rectores encaminados a salvaguardar la vida, la libertad y la integridad de la víctima”, destacó.
La violencia de género sigue siendo una tarea pendiente, por lo que en opinión de Correa de la Torre, el homologar criterios para su prevención y atención, el fortalecer, articular la vinculación con autoridades gubernamentales, organismos autónomos, órganos desconcentrados, sociedad civil organizada, academia, organismos de cooperación internacional, partidos políticos, entre otros, favorecerá de manera progresiva la eliminación de los riesgos que enfrentan las mujeres en el ámbito político electoral.
