Kenia López Rabadán, aseguró que este dictamen es un gran avance para el país
Ciudad de México, 28 de abril de 2022.- Con 117 votos a favor el dictamen turnado al Ejecutivo Federal otorga a la Comisión Nacional de Búsqueda mayores atribuciones, entre las que destacan: diseñar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda forense con fines de identificación humana en coadyuvancia con las comisiones locales de búsqueda, la Fiscalía General de la República, las Fiscalías Especializadas y las instituciones que presten servicios forenses.
El proyecto de decreto reforma diversos artículos de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Kenia López Rabadán, aseguró que este dictamen es un avance en la lucha de las víctimas por encontrar a sus seres queridos, familiares que con sus propias manos y medios buscan en todo el territorio nacional todos los días a sus desaparecidos.
Recordó que, de 2018 a la fecha, hay 30 mil personas desaparecidas de quienes no se sabe nada y cuyas familias los buscan todos los días sin encontrar respuestas.
Según datos del Gobierno Federal, refirió, en los institutos forenses y en las morgues, en este país hay 52 mil cuerpos sin identificar, por ello, “esta lacerante realidad debe ser atendida desde el Poder Legislativo.”
Para la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Ana Lilia Rivera Rivera, el proyecto se finca en el reconocimiento de los derechos de toda persona a ser buscada y a la identificación humana, establecidos en el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, instrumento rector de la política en la materia cuyo cumplimiento es obligatorio para toda la Administración Pública Federal.
Comentó que de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación, de 1964 a 2022, hay un registro total oficial de 243 mil 240 personas desaparecidas, de las cuales, 99 mil 80 personas no han sido localizadas.
Además, “datos del mismo registro, arrojan que de las más de 144 mil personas que han sido localizadas, 9 mil 827 se han encontrado sin vida”.
Rivera afirmó que la información forense está fragmentada o incompleta, por lo que resulta fundamental crear una política pública nacional en materia forense con enfoque diferenciado para las personas desaparecidas.
Con la aprobación del dictamen, la Comisión Nacional de Búsqueda tendrá la tarea de recuperar, recolectar, resguardar, trasladar, transportar y analizar, con fines de identificación humana, los cuerpos, restos humanos y muestras óseas con fines de procesamiento genético; así como resguardar, a través del Centro Nacional, la información tendiente a la identificación humana.
Podrá, además, solicitar a las instituciones de los tres órdenes de gobierno, servicios forenses o periciales, Fiscalía, Fiscalías Especializadas y demás autoridades competentes, la información concerniente a la búsqueda de personas desaparecidas, incluida la de identificación de cuerpos y restos humanos que tengan bajo su resguardo, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos personales.
De acuerdo con el dictamen, la Comisión Nacional de Búsqueda también realizará campañas de toma de muestras referenciales con fines de procesamiento a nivel nacional, que permitan recabar información genética de los familiares de personas desaparecidas o no localizadas, sin necesidad de denuncia.
La Asamblea rechazó las propuestas de la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, del PAN, y del senador Emiliano Álvarez Icaza, que buscaban modificar el artículo sexto transitorio, a fin de dotar con mayores recursos económicos a dicho Centro, por lo que esta disposición se aprobó en los términos del dictamen.
Posteriormente y por separado, el Pleno del Senado aprobó un acuerdo, signado por los integrantes de la Mesa Directiva y el senador Álvarez Icaza, a fin de exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que considere los recursos presupuestales necesarios para la puesta en marcha y operación del Centro Nacional de Identificación Humana.
