Aprueban 10 dictámenes de la Primera Comisión Permanente

Legisladores de Morena, PAN, PVEM y PT participaron en la aprobación de los dictámenes: Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Permanente

 

Ciudad de México, 10 de agosto de 2022.- El primer dictamen exhorta al Poder Ejecutivo de Nuevo León, y a la presidencia municipal de Monterrey, a evaluar la viabilidad de la construcción de un centro comunitario en el municipio de Monterrey, e implementar los mecanismos a que haya lugar, a fin de asegurar la edificación.

En otro dictamen se pidió al Congreso de Nuevo León realizar, a la brevedad, las adecuaciones normativas correspondientes a su legislación local para incorporar el uso de programas sociales con fines electorales al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, de conformidad con el artículo 19 de la Constitución Política.

En el tercer dictamen se hace un llamado al Congreso de Yucatán, para que promueva la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman los párrafos tercero y cuarto del artículo 228 del Código Penal del estado, en materia de persecución del delito de violencia familiar.

El cuarto dictamen solicita al Poder Legislativo de Baja California se realicen las acciones y mecanismos para designar a la persona titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en aquella entidad.

El diputado Juan Isaías Bertín consideró que este punto de acuerdo da un paso importante al garantizar que los servidores públicos se apeguen a los principios de no robar, no mentir y no traicionar a quien le ha dado su confianza.

En otro dictamen se conmina al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, a garantizar la protección y atención adecuada al hijo de Luz Raquel Padilla Gutiérrez.

Asimismo, mediante dictamen, la Comisión Permanente condenó enérgicamente el asesinato del periodista sinaloense Luis Enrique Ramírez Ramos y el de las periodistas veracruzanas Yessenia Mollinedo y Johana García, y expresó su solidaridad a sus familias.
Solicitó a las fiscalías generales de Justicia de Sinaloa y de Veracruz, que continúen con las investigaciones, fortalezcan las acciones para esclarecer los hechos y detener a los responsables de los asesinatos de los tres periodistas.

En el séptimo dictamen se hace un exhorto al gobernador del Estado de México y a la Secretaría de Seguridad Pública de esa entidad, para que fortalezcan y ejecuten las medidas, planes, programas, acciones y políticas necesarias para garantizar la seguridad pública ante el incremento en las conductas delictivas en la entidad, en particular en los delitos contra el patrimonio en su modalidad de extorsión.

También se solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para que revise y haga las adecuaciones necesarias a sus portales de consulta MARCia, y de búsqueda fonética MARCANET, con el fin de que cumplan con las obligaciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados o en cualquier otro ordenamiento en materia de protección de datos personales.

Además, que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales garantice que el IMPI, en particular sus portales de consulta de referencia, cumpla con las obligaciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados o en cualquier otro ordenamiento en materia de protección de datos personales.

Al referirse a este dictamen, la diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos (PAN) indicó que los usuarios de telefonía celular siguen siendo víctimas constantes de engaño telefónico, amenaza y extorsión, ya que se han identificado errores graves en el funcionamiento de dos sistemas del IMPI que almacenan bases de datos personales y que resultan públicos y de fácil acceso para extorsionadores, suplantadores de identidad o profesionales de la amenaza telefónica como son MARCANET y MARCia. “Se debe limitar la cantidad de datos personales mostrados a los usuarios de esas plataformas”.

En un dictamen más, la Comisión Permanente pide a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a sus homólogas en las 32 entidades federativas que implementen procedimientos de vigilancia para la prevención y combate de los delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes a través de plataformas de videojuegos.

También solicitó al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública que realicen una campaña de concientización dirigida a las madres, padres y tutores de familia, así como a las niñas, niños y adolescentes respecto de los riesgos de intercambiar información personal en plataformas de videojuegos.

El diputado Antonio de Jesús Ramírez Ramos (PVEM) se pronunció a favor del dictamen y coincidió en la urgencia de exhortar a las autoridades del país a implementar procedimientos de prevención y combate de delitos dirigidos a niñas, niños y adolescentes a través de las plataformas de videojuegos.

Finalmente, la Comisión Permanente exhortó a la Secretaría de Gobernación, para que conforme a sus atribuciones dé a conocer el Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 2022-2024.

Reginaldo Sandoval Flores, diputado del PT, mencionó que su voto sería a favor del bloque de puntos de acuerdo, ya que buscan que las autoridades a las que se dirigen atiendan diversas demandas y problemáticas de la ciudadanía. Refirió que en el punto de acuerdo que exhorta a la Segob, en su calidad de coordinadora para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas, se debe atender el recorte presupuestal a esta instancia.

La diputada del PAN, Rocío Esmeralda Reza Gallegos, comentó que la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de esto Delitos debe cumplir con su obligación normativa y publicar a la brevedad el Programa Nacional correspondiente. Añadió que se requiere de recursos y medios suficientes para ganar la batalla a las redes criminales.