La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos fue la encargada de aprobar, con base en la fórmula que establece el artículo 41 de la Constitución, el presupuesto; sin embargo, aún falta el visto bueno del Consejo General
8 de agosto de 2022.- La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad el el financiamiento público a los partidos políticos nacionales para el ejercicio 2023, por un importe de 6 mil 233 millones 510 mil 798 pesos.
Dicha cifra se distribuirá para sostenimiento de actividades ordinarias permanentes (5 mil 936 millones 016 mil pesos); para actividades específicas 178 millones 80 mil pesos; para franquicia postal 118 millones 720 mil 329 pesos; y para franquicia telegráfica 693 mil 490 pesos.
El partido Morena es el que recibirá más financiamiento con un monto de 1837 millones 562 mil 623 pesos; y el que menos presupuesto recibirá es el Partido del Tranajo, con 405 millones 592 mil 295 pesos.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Prerrogativas, Uuc-kib Espadas Ancona, señaló que pese a lo poco prestigioso de entregarle dinero a los partidos políticos “garantiza el pleno desarrollo democrático de nuestros procesos electorales y contribuye decididamente a que la política sea un ejercicio compartido por la sociedad mexicana sin el peso determinante del dinero privado”.
Dejó en claro que por mandato legal, el INE está obligado a formalizar la entrega de estos recursos y no puede alterar los montos que se asignan a cada fuerza política.
“Estos son dineros que garantizan dos cosas fundamentales en nuestra democracia, la primera es permitir que haya partidos competitivos, aunque no dispongan de grandes donativos de intereses privados” y “que los ciudadanos puedan en plena libertad expresar su auténtica voluntad en las urnas gracias a un mínimo de equidad”, apuntó.
En suma, garantiza una mínima distancia entre los grandes capitales y sus intereses y las posiciones que se eligen a través de las urnas y el consecuente ejercicio de gobierno.
De cara a la reforma político-electoral constitucional que se discute en el Congreso, el Consejero Espadas Ancona consideró que se debe entender y valorar el efecto del gasto público en la democracia mexicana, para garantizar el derecho de la ciudadanía a darse sus gobernantes desde hace casi tres décadas y tener en cuenta las otras experiencias que han llevado a destinos diferentes.
